La energía eléctrica es vital para el desarrollo de una nación, es una actividad esencial y estratégica para el desarrollo de sus fuerzas productivas, tal como lo demuestra el rol fundamental que tuvo la electrificación en el desarrollo de la industria pesada en la Unión Soviética y en el avance contundente de los planes quinquenales que permitieron acelerar la transición de una sociedad eminentemente agrícola a una sociedad industrial altamente organizada. Lenin tuvo claro el papel fundamental de electrificar al país desde las vísperas del triunfo de la Revolución Socialista de Octubre en Rusia, al grado de casi convertirse en una obsesión que quedó plasmada en varias de sus obras e informes de esta etapa, entre las que destaca su Informe sobre la Labor del CEC del 2 de Febrero de 1920, en el que deja claro el carácter estratégico que tiene la técnica para consolidar el nuevo modo de producción del socialismo: “La época del vapor fue la época de la burguesía; la época de la electricidad es la época del socialismo. Debemos contar con una nueva base técnica para la nueva edificación económica. Esta nueva base técnica es la electricidad. Sobre esa base hemos de construirlo todo. Esto será obra de muchos años… Debemos hacer ver a los campesinos que la organización de la industria sobre una alta base técnica moderna, sobre la base de la electrificación, que vincule a la ciudad con el campo y termine con el contraste entre ambos…” 1
Ha transcurrido ya poco más de un siglo desde que la electrificación constituyó el principal catalizador de la industrialización en la U.R.S.S., crecimiento que llevó al país en ciernes a pasar de ocupar el decimoquinto lugar del mundo en producción de energía eléctrica en 1920, a ocupar el segundo lugar en 1950, sólo detrás de Estados Unidos de América 2. De igual manera, aunque en diferentes niveles de desarrollo tecnológico alrededor del mundo, la humanidad fue testigo de una rápida carrera tecnológica que comenzó con pequeños generadores eléctricos a base de petróleo, carbón y vapor de menos de 1 kilovatio, hasta llegar a desarrollar y construir enormes plantas eléctricas de millones de kilovatios cuya base tecnológica está sustentada en los últimos avances en la ciencia como la fisión nuclear, la geotermia, energía fotovoltaica y eólica entre otras.
México al igual que la ex-U.R.S.S. es un país con vastas fuentes de hidrocarburos y recursos renovables, entre los que destacan los crudos pesados, el gas natural y la privilegiada posición geográfica en el cinturón de alta radiación solar. Esta disponibilidad de recursos permitió alcanzar también a nuestro país (con varias décadas de diferencia) un nivel de electrificación que hizo posible el suministro del fluido eléctrico al 99% de hogares en el territorio nacional según la última encuesta nacional sobre consumo de energéticos en viviendas particulares (ENCEVI) del INEGI. En el papel este alto nivel de electrificación en hogares debería ser consecuencia de un Sistema Eléctrico amplio y moderno, sin embargo, a nivel industrial la realidad es muy diferente. México no cuenta todavía con una red eléctrica lo suficientemente robusta para detonar el desarrollo de las zonas más remotas y con menos posibilidades de construir infraestructura bajo los esquemas tradicionales de inversión privada. Bajo este contexto, y como principal producto del nefasto Pacto por México firmado por las cúpulas de las principales fuerzas políticas, en 2013 nace la Reforma Energética que modificó el modelo de monopolio verticalmente integrado de CFE, convirtiéndola en una empresa productiva del Estado y dividiéndola en 10 empresas subsidiarias para separar las actividades del Sistema Eléctrico en tres diferentes sectores: Generación, Transmisión y Distribución. Como consecuencia principal de la Reforma, el sector de Generación se abrió a la participación de los grandes monopolios privados. A partir de entonces y con las subastas de energías limpias promovidas en el sexenio anterior, las plantas de generación de energía eólica y solar fotovoltaica crecieron a un ritmo vertiginoso hasta alcanzar un porcentaje de participación en la matriz de generación del 5% y del 7% respectivamente3.
En la coyuntura actual del confinamiento y suspensión de actividades no esenciales por el COVID-19, las diferencias entre los monopolios privados y el monopolio estatal de energía eléctrica se han agudizado. Durante esta crisis sanitaria, la demanda eléctrica disminuyó poco más del 10%, lo que desató un debate acerca del impacto de las energías renovables (intermitentes) en la red ante escenarios de baja demanda, y que llevó al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a suspender todas las pruebas de funcionamiento para conectar nuevas plantas intermitentes al sistema eléctrico argumentando que estas pondrían en riesgo la seguridad de la red. Posteriormente la Secretaría de Energía anunció una nueva política de confiabilidad del sistema que publicó en el Diario Oficial de la Federación saltándose todo el proceso de Impacto Regulatorio, lo que dio argumentos a los privados para ampararse y frenar dicho acuerdo. En esencia el acuerdo establece, basándose en una argumentación técnica muy débil, que el criterio de seguridad y confiabilidad en el suministro eléctrico tiene prioridad sobre cualquier otro criterio. Para entender que implica este cambio de criterio, es necesario dar un poco de contexto sobre el funcionamiento actual de las redes eléctricas en el mundo. Todas las redes eléctricas requieren de un control en tiempo real delicado y sofisticado, ya que es necesario mantener en todo momento un equilibrio entre la generación y la demanda instantánea. Esto se explica principalmente por el nivel de desarrollo tecnológico que no ha hecho posible todavía la implementación a gran escala a un costo razonable del almacenamiento de red. En todo sistema eléctrico, existe también un límite térmico de capacidad en las líneas de transmisión para llevar la energía hasta donde se requiera en un momento dado, lo que constituye la razón principal por la que es necesario seleccionar qué plantas entran primero a la red eléctrica, ya que no hay capacidad para que entren todas al mismo tiempo.
La capacidad instalada actual de generación instantánea supera en casi en un 70% a la demanda en tiempo real, diferencia que es también habitual en otros países por criterios de seguridad y de mantenimiento (No todas las plantas operan con el mismo factor de disponibilidad). Esto quiere decir que hay que escoger mediante un criterio que plantas entran primero a despachar. Actualmente este criterio es de mérito económico, lo que significa que la planta que tenga menor costo marginal entra primero a la red. Lo que la Secretaría de Energía está proponiendo en la práctica es cambiar el criterio de despacho económico a un criterio de confiabilidad del sistema, que significa dar prioridad a las plantas que puedan ofrecer carga base, que son las plantas térmicas y de ciclo combinado en su mayoría propiedad de CFE.
La problemática de fondo más allá del contexto y la explicación técnica es en realidad una lucha por el control del Mercado Eléctrico entre el monopolio estatal de CFE y los monopolios privados, en su mayoría con un alto componente de capital extranjero. Actualmente el acuerdo tácito de cuotas de mercado para CFE y privados establece una relación de 54%-46%, lo que no está sustentado en ninguna racionalidad o planificación económica que priorice el desarrollo tecnológico de zonas estratégicas que realmente se podrían beneficiar de una inversión en infraestructura eléctrica y en el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a procesos agroindustriales y de actividades económicas secundarias. El interés real de esta administración es que CFE recupere su cuota de mercado mediante el subsidio indirecto a PEMEX para que a través de sus plantas “Must Run” viabilicen el uso del combustóleo que es un derivado secundario del proceso de refinación del petróleo, cuyo uso para transporte marítimo ha sido prohibido recientemente en todo el mundo debido a su alto contenido de azufre y a su alto potencial contaminante. Por otro lado, el interés principal de los monopolios privados es intensificar su proceso de valorización del capital mediante contratos de compraventa de energía con consumidores industriales que en muchas ocasiones pertenecen a los mismos grupos de inversionistas y que comparten los mismos intereses económicos y de clase.
Estamos siendo testigos de una lucha encarnizada por el control del sector de generación eléctrica en el contexto de una nueva versión de crisis cíclica del capital. Crisis que una vez más cumplirá la función de válvula de escape para las denuncias de la progresía liberal en turno, llámese socialdemocracia, neoliberalismo, partido conservador o liberal. Una oportunidad más para sugerir nuevas e innovadoras formas de regulación financiera, nuevos ajustes a los salarios de altos directivos, nuevos incrementos marginales al salario mínimo y prometedoras políticas de distribución del ingreso. Todas estas medidas contribuirán a socializar la noción de que la crisis fue dura sí, pero que al final todo resultó bien, que la financiarización de la economía es algo deseable mientras nos permita seguir creyendo que la contradicción del trabajo-capital tiene solución en el marco reformista que nos alienta a votar en las próximas elecciones por la opción más novedosa y que más nos guste de Capitalismo A, B, o C. Un capitalismo verde que nos salve de nosotros mismos, que calme y apacigüe nuestras honestas preocupaciones por el medio ambiente con una confianza ciega en las energías limpias. Tecnologías que se limitarán a cumplir la función de bálsamo en tanto no cambie el modo de producción que demanda un crecimiento ad infinitum del PIB para mantener su margen de ganancia, a la vez que se continúa reduciendo simultáneamente la cuota de capital orgánico, su fuente de todo valor. En tanto no se concrete la ruptura organizada y consciente con esta lógica de crecimiento perpetuo mediante la sustitución del capitalismo monopolista de Estado por un Estado y planificación racional socialista, seguiremos creyendo que bastará con una nueva regulación, con un nuevo avance tecnológico para superar la siguiente crisis, seguiremos teniendo una fe inamovible en que todo estará bien tan pronto se regrese a la nueva normalidad.
Notas:
- Informe Sobre la Labor del CEC de toda Rusia y del Consejo de comisarios del Pueblo, representado en la primera sesión del CEC de toda Rusia de la VII Legislatura; 2 de febrero de 1920.
- La Energética del País Soviético; Ediciones en Lenguas Extranjeras; Moscú 1957
- Informe de CENACE a la Comisión de Energía del Senado de la República; 19 de mayo de 2020.