Las elecciones en México

04.Jun.15    Noticias nacionales - Opinión
   

unoPara el próximo 7 de Junio del presente año están planteadas las elecciones intermedias en nuestro país; que significarían la renovación de la mitad de los gobernadores y de la Cámara de Diputados, así como alcaldes y diputados locales de algunos estados. Los 10 partidos políticos a nivel nacional, más los locales y los candidatos independientes, se aprestan para competir en estas elecciones, probar su fuerza, conservar el registro y engullir los más de 5 mil millones de pesos correspondientes.


La campaña electoral es un carnaval: entrega masiva de despensas, cientos de anuncios espectaculares, minutos y minutos de spots electorales por radio y televisión, mítines y proselitismo de gente acarreada. Aunque que en éste caso se ve obscurecida por los muertos de la fiesta; por los 6 muertos y 43 desaparecidos en Iguala, Guerrero. El furor democrático, choca de frente con la suma de todos sus males, el resultado necesario de la transición democrática.

En medio de una crisis económica mundial, las reformas estructurales que desvalorizan el valor de la fuerza de trabajo, el terror como política de Estado; el proceso electoral 2014-2015 se ve manchado por la sangre fresca y la sombra que han dejado los normalistas muertos y desaparecidos. La democracia mexicana se enfrenta esta vez directamente al “pueblo”, quien se ha organizado y declara desde la Normal Rural de Ayotzinapa, en voz del padre de uno de los 43 desaparecidos que “no permitiremos que haya elecciones”. La base de la democracia se levanta contra esta, derrumbando su mito. En medio del ruido y la fiesta electoral, aparecen los rostros y las voces de los campesinos pobres y el proletariado de la educación de Guerrero, negándose a continuar con esa farsa; frente a ellos los militares, los funcionarios, los partidos y los empresarios cierran filas amenazando que por cualquier medio habrá elecciones en México. Por fin, la democracia se presenta totalmente desnuda, abiertamente como lo que es, una dictadura de clase. Las clases sociales aparecen a escena y comienza a delimitarse el campo de batalla.

LA DEMOCRACIA BURGUESA Y LAS ELECCIONES

Para entender la situación política de nuestro país, y en particular, las vicisitudes respecto a su “democracia” y las elecciones, debemos empezar por entender cuál es su papel en la época actual. Partimos del hecho de que nuestra época se encuentra determinada por el imperialismo, como fase última y en descomposición del capitalismo, siendo su rasgo fundamental la sustitución de la libre competencia por el monopolio. Debido a que las relaciones políticas y jurídicas se encuentran determinadas por la estructura económica, la forma y el papel que cumpla la “democracia” en determinado periodo responderá al desarrollo de las relaciones de producción.

Cuando la burguesía irrumpió en la historia y conquistó el poder político, mediante una serie de revoluciones (Inglaterra, Francia y Estados Unidos) se vio en la necesidad de presentar sus intereses de clase como intereses generales de la nación, como la “voluntad del pueblo”, a través del parlamentarismo, ya sea en su forma más desarrollada de república parlamentarias o representativa o como monarquía parlamentaria. A diferencia de otros modos de producción, como por ejemplo el feudalismo, donde se recurría a la ideología religiosa o la coacción política para asegurar la dominación; en el capitalismo, la necesidad de la libertad mercantil (de vender y comprar mercancías sin restricciones, incluida la fuerza de trabajo) y la “igualdad de condiciones” económicas, en el plano político se vio traducido en la igualdad jurídica de las personas. Así la dominación de la burguesía, en el plano ideológico partía por proclamar a todo miembro del pueblo, sin atender a sus diferencias (de nacimiento, de estado social, de cultura, ocupación, o religión) como coparticipe por igual de la soberanía popular, dejando que la propiedad privada actúe a su modo y haga valer su naturaleza especial (Marx, 1967: 23). Aunque en el plano político la historia ha enseñado que ninguna clase oprimida pudo implantar su dominación sin un periodo de dictadura que implique la conquista del poder político y la represión violenta a la resistencia opuesta por los explotadores (Lenin, 1973: 34).

Pese a la necesidad general de la burguesía de presentar a todas las personas como ciudadanos con igualdad jurídica y política, desde un inicio se mostraba su carácter de clase. Por ejemplo, las revoluciones burguesas del siglo XVIII, como la francesa, la inglesa o la estadounidense, establecieron el sufragio censitario, que implicaba que sólo una parte de la población: la que poseía determinada cantidad de propiedades o dinero, o la que contaba con determinado grado de instrucción. Por ese medio, la clase obrera se vio apartada de las elecciones hasta mediados del siglo XIX, y la población negra en Estados Unidos, los pueblos indios en Latinoamérica, y las mujeres en todo el mundo, hasta el siglo XX. Sólo a consecuencia de la movilización social, es decir, como resultado de la lucha de clases, el sufragio se volvió universal.

Es en este periodo de desarrollo económico del capitalismo y ascenso político de la burguesía, la clase obrera y los partidos obreros y socialdemócratas de la I y II internacional participaron en las elecciones y los parlamentos con una acción orgánica. En el primer caso para fines de agitación, y en el segundo para introducir reformas dentro de los marcos del capitalismo. El auge del movimiento obrero, dirigido por los partidos socialdemócratas de la II internacional, fue el principal impulsor de los cambios democráticos en Europa que llevaron al sufragio universal, y que ayudaron de sobremanera al sufragio femenino. En esos momentos se consolidó el parlamentarismo como la forma democrática de la dominación burguesa. En ese sentido, puede decirse que durante la época del capitalismo en asenso el parlamentarismo jugo trabajó en cierto modo por el progreso histórico.

Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX el capitalismo llegó a su última fase, a su etapa imperialista, en la que aún nos encontramos. Esa etapa significó para el capitalismo la pérdida de su estabilidad relativa y el paso hacia la sociedad socialista, por medio de las revoluciones proletarias. En este contexto, es que la democracia burguesa llegó a su estado más desarrollado, donde paradójicamente se niega más completamente a sí misma. Al llegar a su punto más desarrollado y más puro, la democracia burguesa y el parlamentarismo burgués, erran necesaria e indefectiblemente en su objetivo de representar la soberanía popular, la “voluntad de todo el pueblo”, mostrándose una y otra vez, ante cada momento álgido de la lucha de clases, como instrumentos de coerción y opresión de una clase sobre otra. Como se explicaba en la tesis “la democracia burguesa y la dictadura del proletariado” del I Congreso de la Internacional Comunista:
“Los marxistas han dicho siempre que cuanto más desarrollada y “pura” sea la democracia, tanto más abierta, ruda e implacable será la lucha de clases, tanto más “puras” serán la opresión del capital y la dictadura de la burguesía. (…) en las repúblicas más democráticas imperan en la práctica del terror y la dictadura de la burguesía, que se manifiestan abiertamente cada vez que los explotadores creen que se tambalea el poder del capital” (Lenin, 1973: 34. Subrayado propio).

Pero entre más se desarrolla la democracia no sólo se vuelve más abierta la lucha de clases, sino que se perfeccionan los mecanismos por los cuales las masas, siendo iguales ante la ley, son desplazadas en la práctica de la intervención en la vida política y el disfrute de los derechos y las libertades democráticas. La democracia se convierte únicamente en el derecho delas clases oprimidas a decidir una vez cada varios años que miembros de la clase dominante han de “representar y aplastar” al pueblo en el parlamento (Lenin, 1973: 34). En el imperialismo, el parlamento y las elecciones se convierten en instrumentos de la mentira, el fraude, la violencia. La “esencia del proceso democrático” es servir de “ingeniería del consenso” basado en la “manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones establecidos de las masas”, según las palabras de Edwar Bernays en 1949, padre la industria de las relaciones públicas (Chomsky).

En la época actual el parlamento (y su base electoral) se han convertido en instrumentos de la mentira, del fraude, de la violencia, de la destrucción, de los actos de bandolerismo. Estamos en una época donde se niega la estabilidad relativa del capitalismo (crisis) y la duración indefinida del régimen, y donde la tarea es preparar la “sublevación proletaria que debe destruir el poder burgués y establecer el nuevo poder proletario”. En estas circunstancias
“Para los comunistas, el parlamento no puede ser actualmente, en ningún caso, el teatro de una lucha por reformas y por el mejoramiento de la situación de la clase obrera, como sucedió en ciertos momentos en la época anterior. El centro de gravedad de la vida política actual está definitivamente fuera del marco del parlamento.” (Lenin, 1973: 174).

Por lo tanto, el Partido Comunista sólo puedo admitir la utilización en el parlamento y la participación en las elecciones de forma exclusivamente revolucionaria, “no para dedicarse a una acción orgánica sino para sabotear desde adentro la maquinaria gubernamental y el parlamento”. Las instituciones gubernamentales burguesas sólo deben utilizarse a los fines de su destrucción. (Lenin, 1973: 177). La acción parlamentaria debe consistir en usar la tribuna con fines de agitación revolucionaria; las campañas electorales no deben ir en el sentido de obtener mayor número de parlamentarios sino de movilizar a las masas bajo las consignas de la revolución proletaria.

La lucha por la democracia, toma así diferentes sentidos de acuerdo a la situación concreta en la que se enmarca. En la época del capitalismo y el movimiento obrero ascendente, cuando aún existían monarquías y regímenes no parlamentarios en muchos países, la lucha por las conquistas democráticas dentro del capitalismo era el primer paso del movimiento obrero. Se buscaba que la lucha de clases se desarrollara plenamente y para ello era necesario destruir todas las barreras innecesarias; como en la guerra, no se rehuía al combate, sino se buscaba salir a campo abierto para desplegar al ejército proletario plenamente. En la época del imperialismo, la situación cambia radicalmente: la república parlamentaria se convierte en el régimen predominante de todos los países capitalistas, y a través de esa forma de gobierno, se desarrolla la lucha de clases en su forma más pura. En esta situación la lucha por la democracia por el proletariado sólo puede significar una cosa: la lucha por destruir la democracia burguesía y construir un nuevo tipo de democracia, la democracia socialista. En otras palabras, la lucha por la democracia, en tiempos del imperialismo, para la clase obrera y su Partido, sólo pueden significar la toma revolucionaria del poder y la construcción de la dictadura del proletariado. Aún en el caso que la lucha de clases desembocara en regímenes no democráticos (claramente en el sentido de democracia burguesa), como el fascismo u otro tipo de dictaduras, la lucha por la democracia debe estar indisolublemente ligada a la construcción de un nuevo tipo de democracia. La socialdemocracia al plantear la cuestión únicamente como defensa a ultranza de las formas de democracia burguesa, pecan de ingenuidad unas veces y de vil traición en otras, al hacer creer a las masas que la burguesía renunciará voluntariamente al poder, sin oponer resistencia, y a estar dispuesta a someterse a la mayoría de los trabajadores, “como si no hubiese existido y no existiese ninguna maquina estatal para la opresión del trabajo por el capital en la república democrática” (Lenin, 1974: 35)

No basta con explicar el carácter de clase de la democracia, y el papel de la democracia burguesa en el imperialismo; hace falta mostrar esta realidad a partir del análisis de la democracia en México. No se trata de confirmar o justificar la teoría, sino de aplicarla al análisis concreto y obtener las consecuencias prácticas de ello. Como afirmaba Lenin “el principio fundamental de la dialéctica es: no hay verdad abstracta, la verdad siempre es concreta”.

EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA EN MÉXICO
La democracia durante la hegemonía del PRI

La Revolución Mexicana trajo consigo un régimen político relativamente estable de más 90 años, donde pese a asonadas militares a principios del siglo XX y el desarrollo de la lucha de clases durante todo ese periodo, nunca se rompieron sus instituciones “democráticas”. A diferencia del siglo XIX en México y los golpes de Estado en Sudamérica durante el siglo XX, México se ha caracterizado por mantener una estabilidad institucional. La causa de esta “santa calma casi absoluta”, como diría Arturo Gámiz y Pablo Gómez, ha sido la transformación de México en un “país capitalista en acelerado desarrollo”, base de la hegemonía burguesa y de lo que “posiblemente es la oligarquía más poderosa de América Latina” (Cfr. Gámiz y Gómez, 1965: 14 y 17).

El fin de la revolución mexicana significó el triunfo del grupo de Obregón y Calles, quienes representaban “los intereses de la burguesía que planteaba entrar a la fase de concentración y centralización del capital utilizando la economía estatizada como palanca”, frente “a la División del Norte de Francisco Villa y Emiliano Zapata con el ejército Libertador del Sur, representando a los pueblos indios, campesinos, jornaleros agrícolas, peones del campo y la ciudad, ferrocarrileros y mineros” (PCM, 2014). Pero la llegada al poder del Grupo de Sonora también significa su triunfo sobre los hacendados, el clero y la burguesía pro imperialista del porfiriato. El resultado de la revolución mexicana fue la imposición del proyecto de nación de la burguesía nacional, representada por el ejército constitucionalista y sintetizado en la Constitución de 1917.

La situación económica posrevolucionaria, luego de una guerra civil de 10 años, era de un capitalismo débil. Pese a los esfuerzos del gobierno de Porfirio Díaz y Benito Juárez de desarrollar el capitalismo mexicano en su fase premonopolista y crear un mercado nacional unificado, a partir del intenso flujo de capitales y la construcción de vías férreas; la industrialización se encontraba desarrollada sólo en algunos enclaves, predominaba la gran propiedad terrateniente y el país se encontraba aún bastante regionalizado. Esa debilidad intrínseca del capitalismo obligó a la burguesía nacional a crear un sistema de compromisos con los grupos burgueses más cercanos al capital inglés y norteamericano y los terratenientes, para poder consolidar su dominación y asegurarse el control de toda la economía del país (Cfr. Gramsci, 1981: 228). En la superestructura política esto se expresó en la conformación del partido de la revolución vinculado al poder estatal, donde confluían los diversos grupos vencedores de la revolución y asimilaban a los caudillos locales, controlando y repartiéndose en su seno la administración del Estado. Por otro lado, “la correlación de fuerzas al término de la revolución impuso un contenido democrático y progresista” al Partido y el Estado posrevolucionario, lo cual nunca negó “el carácter de clase del Estado mexicano” (PCM, 2014). El reflejo espiritual de esta situación fue la llamada ideología de la Revolución Mexicana mecanismo idóneo que garantizaron “la dominación y los consensos necesarios sin inestabilidades ni agudización del conflicto de clase”, al conseguir poner a la clase obrera y el campesinado pobre a la cola de la burguesía con la falsa premisa de que la vía de desarrollo capitalista en México llevaría gradualmente al socialismo; además de servir de coartada para reprimir a todas las fuerzas revolucionarias (PCM, 2014)

Durante primeros 20 años del periodo posrevolucionario se crearon las bases económicas y políticas para el desarrollo acelerado del capitalismo en México, a partir de la concentración y centralización del capital cuyo principal instrumento fue la intervención estatal en la economía. Políticamente esto se traducía en la centralización del poder político y la consolidación del régimen presidencialista, siendo la creación del partido de gobierno su principal instrumento. El primer paso importante permitió la creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929 (antecedente del PRI) fue la asimilación y control del caudillismo y caciquismo militar, lo que respondía a la necesidad económica de tener un Estado centralizado que fomentara un mercado nacional. La década de 1920 estuvo caracterizada por la existencia de una oposición sustancial en el Congreso de la Unión y levantamientos militares ligados a ésta. Por ello durante esa década comenzó un proceso para eliminar a la oposición del poder legislativo e integrar a todos los grupos revolucionarios en un partido único. Si en las elecciones de 1929 participaron 61 partidos políticos, para 1933 sólo 4 se registraron (Casanova, 1974: 48) y en 1940 tan sólo dos partidos participaron en la elección presidencial; además a partir de las elecciones de 1929 el PNR-PRM-PRI no perdió nunca una elección presidencial, de gobernador o de senaduría al menos hasta 1970 (Casanova, 1974: 24).

El régimen cardenista, como representante del ala izquierda de la burguesía (1934-1940) sentó las bases sólidas para la industrialización, la capitalización y la creación de un mercado interno, mediante su política nacionalista, la expropiación petrolera y la Reforma Agraria (Vid. Casanova, 1974: 86, y Gámiz, 1965: 14). La cuenta de las medidas radicales del gobierno cardenista y las concesiones populares costaron bastante caro para el movimiento popular. Significaron el control estatal y del partido de gobierno de las organizaciones nacionales del campesinado (Central Nacional Campesina) y la clase obrera (Central de Trabajadores Mexicanos), principalmente debido al papel oportunista de Vicente Lombardo Toledano y a los errores cometidos por el Partido Comunista Mexicano basados en la errónea tesis de la “unidad a toda costa”. Otro elemento importante de este sexenio fue la superación del militarismo como factor político determinante. En el gobierno de Cárdenas se consolida el control y la disciplina del ejército, a partir de su profesionalización e integración sectorial al Partido de la Revolución Mexicana; aunque el factor determinante fue la eliminación de la base económica de este fenómeno: al desaparecer el latifundio, el ejército tuvo una influencia política diferente.

En la medida en que la burguesía se fue consolidando en el poder, se fueron agotando sus rasgos progresistas “hasta convertirse, en virtud de las leyes objetivas de su desarrollo, en la burguesía poderosa, omnímoda y reaccionaria” que conocemos. Con el régimen de Ávila Camacho la burguesía pro imperialista volvió a imponer su orientación en la vida nacional, a partir de entonces la burguesía nacional y la pro imperialista compartieron el poder y vivieron en un constante estira y afloja, disputándose el control absoluto del gobierno a lo interno del PRI pero unidos estrecha e íntimamente contra las masas populares (Gámiz, 1965: 17).

Desde el régimen de Cárdenas y hasta la década de 1980 el sistema político mexicano se vio caracterizado por el predominio total del presidencialismo y el partido de gobierno (PRM-PRI), lo cual significa que a partir de esos dos instrumentos se expresaba el poder político de la burguesía. Durante todo ese periodo el sistema de partidos tradicional no funcionó: el Partido Comunista Mexicano se encontraba en una condición de semiclandestinidad desde 1946 y hasta 1977 y su participación en las elecciones se veía nulificada; la oposición de la burguesía más reaccionaria y la iglesia católica a través del PAN era bastante reducida para tener un papel decisivo; y los demás partidos con parlamentarios giraban en torno a la política del PRI, como el PPS y el PARM. Por lo tanto, el poder de los distintos grupos monopólicos que se iban formando en el país no pasaba por la intermediación del parlamento y los partidos políticos, sino que se ejercía primeramente a partir del poder ejecutivo y las distintas corrientes a lo interno del PRI. Una de las formas concretas en que se ejercía esta relación fue a partir de las agrupaciones patronales, que por ley eran “órganos de consulta del Estado para la satisfacción de las necesidades del comercio y la industria nacionales”. A partir de este sistema de cámaras empresariales, el gobierno conocía la opinión de la patronal respecto a cualquier ley antes de proponerla al congreso, a las cuales les enviaba primero el proyecto de ley para que hiciera sus observaciones (Cfr. Casanova, 1974: 65-66).

Respecto a las elecciones, en un inicio se recurría al más burdo fraude y a las alianzas electorales (1920-1934). Con la elección de Cárdenas y Ávila Camacho el apoyo popular fue el mecanismo principal para mantener la legitimidad burguesa, aunque no estaba exento de utilizar otros “mecanismos”. Sin embargo, al perder todos sus rasgos progresistas y consolidarse la estructura estatal, el apoyo popular “espontaneo” fue sustituido por el apoyo “forzado”; se creó toda una ingeniería electoral que aseguraba el triunfo aplastante del partido de gobierno: acarreó masivo de personas, robo de urnas, amenazas, control corporativo, y hasta voto de los muertos. La fuente principal de legitimidad ideológica no se buscaba en el principio de la democracia sino en la “ideología de la revolución mexicana”.

Pronto lo que en un inició era una palanca de desarrollo se convirtió en un obstáculo de éste. Lo pequeña y frágil burguesía, en un país poco industrializado y con un pequeño mercado interno, se había convertido en una serie de grupos monopólicos en ascenso, consolidados bajo el cobijo de un Estado protector. La tosca oruga se había convertido en una mariposa y para salir del caparazón debía romper lo que había construido. La sed de ganancia de estos grupos monopólicos exigía acabar con las pocas concesiones a la clase obrera y los estratos populares que aún existían, así como repartirse el botín de las empresas paraestatales y abrir el mercado al mundo.

Durante la década de los setenta el modelo económico común mente llamado de “desarrollo estabilizador”, un tipo de gestión burguesa entró en crisis. La salida que le dieron los grupos de poder de Luis Echeverría y López Portillo fue de intentar profundizar más el modelo, consiguiendo únicamente agudizar la crisis. Esto generó fricciones entre los grupos monopólicos que pugnaban por una gestión neoliberal y los que respaldaban al gobierno, además de la agudización extrema de la lucha de clases. Económicamente, estos dos sexenios estuvieron marcados por el boom petrolero y la subsiguiente crisis, así como por la nacionalización de la banca. Su resultado principal fue la recomposición y el surgimiento de nuevos grupos monopólicos que se vieron potenciados (con las privatizaciones en los años ochenta) como Grupo Carso y Telmex (Carlos Slim), Grupo Banacci (Roberto Hernández y Harp Helú), Salinas Pliego, Grupo México (Germán Larrea). En cuanto a la lucha de clases, si desde 1960 comenzaban a aparecer ciertos signos, es hasta la década de 1970 cuando el movimiento campesino, obrero y estudiantil cobra su mayor fuerza. Los años de 1972 a 1976 marcan el momento más álgido de las luchas campesinas, los grupos guerrilleros y la insurgencia obrera.

La crisis del tipo de gestión burguesa implicaba además la crisis del modelo de gobierno. La transformación de la superestructura más importante en esos momentos fue la aprobación de la LOPPE en 1976 que en los hechos significó el registro al Partido Comunista Mexicano y a otras fuerzas de izquierda. Esta medida fue esencialmente concebida como una forma de contener el ascenso de la lucha de clases. Por un lado, el régimen aplicaba sus instrumentos más salvajes y brutales para aplastar la guerrilla y el movimiento campesino y obrero; y por otro, ofrecía un rostro democrático (de “apertura democrática” como el eslogan de Luis Echeverría) para encauzar a las demás fuerzas en los límites institucionales. De esa forma las guerrillas de Lucio, Genaro y la Liga 23 de Septiembre fueron ahogadas en sangre, mientras que el viejo Partido Comunista Mexicano aceptaba entrara al proceso electoral en una pendiente hacia el oportunismo y su disolución.

De acuerdo con José Woldenberg, el nuevo “apóstol” de la democracia mexicana, las reformas electorales de 1977 iniciaron el camino para transmutar el régimen autoritario-presidencialista casi monopartidista en uno democrático, con un “sistema plural de partidos representativo de las diversas corrientes políticas que cruzaban al país y un sistema electoral capaz de ofrecer garantías de imparcialidad y equidad” (Woldenberg, 2012: 12-13). La LOPPE de 1977 tuvo tres ejes principales: la creación de los diputados de representación proporcional o plurinominales, el registro condicionado con 1.5% de la votación y el financiamiento público a los partidos políticos que crecieran la “oposición”. Su principal resultado fue ampliar el sistema de partidos existentes, principalmente del espectro político de “izquierda”, aunque en un límite bastante acotado. La oposición en la cámara de diputados llegó al 26% en 1977, y el PAN y el PSUM ganaron algunas alcaldías, aunque la cámara de Senadores y las Gubernaturas, así como en general la administración del Estado seguía en manos del PRI. Su función era servir de válvula de escape al descontento popular creciente.

La lucha entre los “proyectos de nación” o formas de gestión burguesa entre los distintos grupos monopólicos, resonaba a lo interno del partido hegemónico, en donde pronto comenzaron a aparecer dos corrientes a lo interno: la de los “tecnócratas” y la del “nacionalismo revolucionario”, que luego llegarán a la ruptura en 1988. En 1982 en medio de otra crisis económica, triunfa a lo interno del PRI el primer grupo con la presidencia de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. En sus sexenios comienzan las privatizaciones de los sectores paraestatales, la entrada abierta y directa al mercado mundial con el GATT en 1986 y el TLC (1994) y una serie de medidas contra el valor de la fuerza de trabajo. La ideología de la Revolución Mexicana olvidada hacía ya muchos años terminó por desmontarse como instrumento de dominación ideológica, y fue sustituida por el “liberalismo social” propuesto por Salinas de Gortari: neoliberalismo con rostro humano. La burguesía se sentía tan fuerte que no necesitaba ya del apoyo de la clase obrera y el campesinado, bastaba con comprar su voto con programas sociales a través del innovador Programa Nacional de Solidaridad

Los monopolios se habían consolidado tanto bajo la falta del Estado que no necesitaban ya mantener en lo más mínimo el sistema de compromisos contraído anteriormente ni mantener las concesiones a la clase obrera. Los límites y la división entre una burguesía nacional que requería protección del Estado y una burguesía pro imperialista terminaron por desdibujarse. Los monopolios se habían fortalecido tanto que el mercado nacional les parecía pequeño, estaban listos para competir en las grandes ligas. Por lo tanto no necesitaban ya de un presidencialismo tan fuerte ni de un partido que asegurará su unidad; se volvía imprescindible un sistema de partidos políticos plurales que las representara en su lucha intermonopolista. Querían devorarse entre sí mismas y los límites internos del PRI les resultaban demasiado estrechos: la hora de la transición democrática había llegado. Además, ya no eran necesarias las concesiones populares para mantener el apoyo popular “espontáneo”, ni siquiera el “forzoso” mediante el charrísimo sindical y el corporativismo; bastaba con el clientelismo electoral y los aparatos represivos del Estado, que llevaban 20 años profesionalizándose en la lucha contrainsurgente. La ideología de la Revolución había muerto y era enterrada junto con la Reforma Agraria, al son de las bombas que caían en Chiapas y los tambores que vitoreaban la entrada al primer mundo.

La Transición Democrática

La particular situación política posrevolucionaria, basada en la hegemonía de la burguesía ejercida por el partido de gobierno y sustentada en la ideología de la Revolución Mexicana, causó una enorme confusión (y aún lo sigue haciendo) en las filas de la clase obrera y el movimiento revolucionario. La concepción errónea de la superestructura posrevolucionaria, que caracterizaba al Estado mexicano como un árbitro por encima de la lucha de clases, disoció la lucha política de la económica, priorizando la primera y olvidando la segunda. Se argumentaba que era necesaria primero una lucha por la democratización política del país contra el autoritarismo; y después, luchar contra la burguesía en el terreno económico y por la revolución socialista. El problema estaba en no comprender el carácter de clase del Estado Mexicano, y por lo tanto, que la forma de gobierno respondía a las necesidades de la acumulación del capital. Poco a poco, el Partido Comunista Mexicano y otras fuerzas de izquierda cayeron en una pendiente hacia el reformismo burgués; los errores ideológicos y políticos se transformaron en la política oportunista, la excepción se convertía en la regla, y de ahí el paso a ser exponentes directos de la burguesía fue muy rápido.

A partir de su XVI Congreso en 1972 el Partido Comunista Mexicano planteaba que la revolución en México pasaría por dos fases: una “predominantemente democrática” que sentaría las bases de la orientación socialista del proceso y otra “predominantemente socialista” que culminaría las medidas democráticas y se transformaría en socialismo (Johansson, S., 2002: 22). Fuertemente influenciado por el eurocomunismo y sin volver a recuperar nunca una posición preponderante en la clase obrera, el viejo PCM comenzó a avanzar rápidamente rumbo a su propia desaparición. La introducción de una “fase democrática” dentro de la revolución socialista, que terminaba por aplazar indefinidamente la misma revolución socialista, fue uno de los errores más fatales que cometió el Partido. Al olvidar el inherente carácter de clase de cualquier Estado y la necesidad de la dictadura del proletariado para la revolución y la construcción socialista, el PCM se sumía en la confusión ideológica, y sumía consigo a los sectores obreros y populares que confiaban en él.
Un Partido Comunista débil ideológicamente pronto sucumbe ante el oportunismo. La dinámica electoral absorbió cada vez más al PCM, donde lo principal era conseguir más escaños en el parlamento en detrimento de la lucha de masas en las calles, sin aplicar en ningún momento una política revolucionaria parlamentaria tendiente a destruir la maquinaria gubernamental de la burguesía (Cfr. Lenin. 1974: 177). En 1981, el PCM bajo la lógica de aumentar las fuerzas (obviamente la “fuerza electoral”) de la izquierda, se disuelve y fusiona con otras cuatro organizaciones para formar el Partido Socialista Unificado de México, y éste en 1986 repitió la historia para convertirse en el Partido Mexicano Socialista. Entre más ensanchaba su espectro político, más confuso era su programa político; el socialismo había sido pospuesto para un futuro perpetuo y sus propuestas de transformaciones económicas coincidían con la “corriente democrática” del PRI, y por lo tanto, con los monopolios proclives a una gestión proteccionista. Esta “vía nacional a la socialdemocracia” la explica muy bien Iván Johansson en los primeros dos capítulos de sus tesis de maestría De la lucha contra el capitalismo a la adopción del neoliberalismo. Evolución de las posiciones en materia económica de una corriente de la izquierda mexicana (PCM-PRD, 1979-2002).

En 1988 la “corriente democrática” escindida del PRI por la lucha por la candidatura presidencial, lanza como candidato a Cuahutémoc Cárdenas y es cobijada primero por los partidos satélites del PPS y el PARM, y después por los restos de la izquierda socialista, encabezado por el PMS y un archipiélago de sectas. El trauma de los comunistas por medio siglo sobre la “unidad de las fuerzas democráticas y revolucionarias”, y el sueño eurocomunista de un gran partido de masas cobraban realidad. Un año después nacía el Partido de la Revolución Democrática, convirtiendo a México en un país pionero de la socialdemocratización de los Partidos Comunistas. El principal objetivo del PRD era el establecimiento de un “Estado democrático de derecho” y el primer paso era la “recuperación del derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes: (…) que se asegure la alternancia en el ejercicio del poder, sin pensar nunca en métodos que salieran del marco institucional burgués; por lo tanto es válido decir que el nombre más adecuado hubiera sido Partido de la transición democrática. Se hacía un corrimiento de la contradicción principal del país, sustituyendo la contradicción capital-trabajo por democracia-autoritarismo. Esto se traducía en modificar la lucha anticapitalista por una lucha antineoliberal, es decir, únicamente de cómo gestionar el capitalismo. Pero la crítica al neoliberalismo se da desde un punto cínicamente burgués: abiertamente dicen que éste rompe con el “pacto social surgido de la Revolución Mexicana” lo cual atenta contra la “cohesión de la nación”, además de expresar los “compromisos contraídos por el grupo en el poder de representar los intereses del exterior al interior” (Johansson, 2002: 99-104). Es la voz de los monopolios preocupados por la amenaza de la lucha de clases y el capital extranjero. En una ironía de la vida, el PRD resultó coincidir con la postura de Carlos Salinas de Gortari, ellos también busca un tipo de neoliberalismo con rostro humano.

El PRD nació -siguiendo la tradición del PRI- como un partido de fracciones, dado su origen de muchas organizaciones y su discurso pluriclasista; y con un marcado papel de los líderes de “tribu” representantes de cotos de poder antes que de posiciones políticas. Rápidamente las grupos iniciales que formaron al PRD se fusionan formando fracciones y olvidando sus orígenes políticos, en la búsqueda de intereses compartidos: el reparto del poder interno y externo (Cfr. Espinoza: 41). En los primeros años las dos principales tendencias, donde se alineaban las diferentes fracciones, era la encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y por Muñoz Ledo, la primera proponía una ruptura (dentro de los marcos institucionales) del modelo de gobierno y la segunda una transición pactada. Después de 1994, Cárdenas pierde la preponderancia del partido y en 1995 es derrotada la propuesta de “gobierno de salvación nacional” que exigía la renuncia de Zedillo, frente a la propuesta de dialogar con el gobierno (Espinoza, 2006: 46). A partir de ese momento, el PRD se vio favorecido por el nuevo trato gubernamental y nuevos triunfos en 1996, en una nueva “dinámica inclusionista” (Johansson, 2012: 133), que buscaba nuevamente contener el nuevo asenso de la lucha de clases tras el alzamiento zapatista y los efectos del fin de la reforma agraria y el Tratado de Libre Comercio. Así con el fin de aislar al EZLN y cooptar al movimiento popular dentro de los cauces institucionales por intermediación del PRD se firmó el pacto Compromisos para el Acuerdo Político Nacional por los cuatro partidos representados en el Congreso: PAN, PRI, PRD y PT, como base de la reforma política de 1996. Ese periodo coincide con la presidencia del PRD por parte de Andrés Manuel López Obrador (1996-1999), la traición del PRD al EZLN y los indígenas en los Acuerdos de San Andrés y la entrega del gobierno del Distrito Federal a Cuahutémoc Cárdenas. Paralelamente a ello, y con mayor claridad en 2001, se da el progresivo abandono de las posiciones más “radicales” en términos económicos (particularmente en materia de las relaciones económicas con el exterior) y en un creciente alineamiento a los principios de la gestión neoliberal (Johansson, 2012: 133).

Al PRD, como fiel representante de la política socialdemócrata, poco tiempo le bastó para mostrarse como un representante de ciertos monopolios y defensor del orden burgués. En enero 1994, los ocho candidatos presidenciales y sus correspondientes partidos políticos firmaron el Acuerdo Político Nacional con la intención de aislar políticamente al EZLN y defender la democracia burguesa en contra de los indígenas chiapanecos. Abiertamente el texto admitía que “el asunto más importante para el país” era “el restablecimiento de una paz justa y duradera”, afirmando que “el avance democrático, para cerrar el paso a todas las formas de violencia, debe procesarse en los espacios de los partidos políticos y las instituciones republicanas”. Para asegurar una “solución concertada y pacífica al conflicto chiapaneco” el régimen político ofrecía la “realización de una elección imparcial en 1994” (Acuerdo Político Nacional, 1994). El acuerdo podía ser ilustrado de la siguiente forma: “Nosotros no hacemos fraude, y ustedes se hacen de la vista gorda en la guerra contrainsurgente en Chiapas”. Un año después, el Compromiso para un acuerdo político nacional (1995) refrendaba los acuerdos, para asegurar “la concordia y la paz social” a cambio de una reforma política y en 2001 se firmaba el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional para resolver la dinámica de una situación donde “ningún partido político tiene la mayoría necesaria en los órganos de representación para decidir, por sí sólo, el desahogo de los asuntos de la Agenda Nacional”. Se repetía la misma política de los años setenta, integración a la vía institucional como única realidad existente u exterminio contrainsurgente; sólo que esta vez como acuerdo de 4 partidos y no como decisión de uno sólo: la democratización rendía sus primeros frutos.

La ampliación del sistema de partidos políticos y su participación en el parlamento, permitió que los monopolios tuvieran mayor campo de maniobra para competir. A su vez, sirvió de camisa de fuerzas para el movimiento popular al ponerlo a la cola del ala izquierda de los monopolios. El ejemplo más claro de esto son los pactos que han realizado a lo largo de los últimos años (1994, 1995, 2001, 2006, 2008, 2013), donde independientemente de sus diferencias discursivas todos tienden a coincidir en puntos básicos, que son los intereses comunes de los grandes monopolios. El más cínico de estos acuerdos fue el que firmaron en 2006, propuesto por Carlos Slim testaferro de uno de los más grandes monopolios del país y el mundo, el llamado Pacto de Chapultepec o Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo. Sus puntos son el preludio del Pacto por México, y entre ellos se encuentra “liberar la inversión productiva nacional de la capacidad de inversión del gobierno” (reforma energética), “crear un clima favorable a la inversión privada y social que aliente el desarrollo empresarial” (reforma laboral), “promover una amplia libertad educativa garantizando la educación gratuita y propiciando la inversión privada en la educación y la salud”. Por lo que ahora muchos se sorprenden y se indignan es algo que ya habían firmado todos los partidos políticos registrados en 2006, entre ellos Andrés Manuel López Obrador.

Una paradoja de la transición democrática en México es que mientras más aumenta el número de partidos registrados más se reduce el espectro político que representan. El esquema político izquierda-derecha deja de cobrar sentido, ya que las diferencias ideológicas se difuminan y confunden, corriéndose todos los partidos al centro (ya nadie quiere ser de derecha o de izquierda, todos buscan el cobijo de la “centro-izquierda”, “centro-derecha”). Los partidos políticos actuales ya ni siquiera representan corrientes políticas dentro de la clase burguesa respecto al modelo de acumulación de capital, se vuelven representantes de los intereses corrientes de ciertos grupos monopolistas. La unidad nacional de todos los partidos políticos ante los intereses generales de los monopolios puede observarse claramente en el Pacto por México y las reformas aprobadas; todos coincidían en la necesidad de desvalorizar la fuerza de trabajo a través de la reforma laboral, pero tenían sus matices en torno a que tanto debía introducirse el capital privado extranjero a Pemex.

Se ha hecho una descripción relativamente extensa del desarrollo de la transición democrática en México y de su principal defensor el PRD, para mostrar que la situación actual es el resultado necesario de esa política. Para ser un “amplio partido de izquierda” primero debe diluirse la política “radical” para a atraer a más personas (sic), se eliminan las referencias al socialismo y se ignora por completo la lucha de masas extraparlamentaria. Pero después descubren que para competir contra los grandes partidos hace falta dinero, y los únicos que pueden darlo son los monopolios -incluidos los de la droga-; por lo tanto tiene que convertirse en uno de sus representantes: aprobar leyes a su favor, traicionar la popular cuando se vuelva una amenaza. Finalmente no tienen otra opción que acrecentar esta situación o perecer en la “competencia democrática”. Si actualmente el PRD lo controla una fracción particular (los famosos “chuchos”) no es porque estos sean una “camarilla diabólica” y corrupta, sino porque son los que han conseguido obtener el apoyo de mayor número de monopolios. La socialdemocracia funciona entonces -independientemente de lo cínico o soñadores que sean sus miembros- como una simple correa de transmisión de los intereses de los monopolios y sirve para asegurar la dominación capitalista al poner al movimiento obrero y popular a la cola de la burguesía. Por más que intente mostrar un rostro de izquierda, sus afilados colmillos se ven recurrentemente: en la traición de los acuerdos de san Andrés, en la represión a la huelga de 1999 en la UNAM, a su papel frente a la APPO Atenco, y recientemente en su relación con los carteles de la droga y el genocidio de Iguala.

“Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y otra vez, como farsa.” (Marx, : ). Este es el caso de MORENA respecto al PRD. Lo que al PRD fue un proceso de varios años donde el oportunismo carcomía a las organizaciones que se reivindicaban “socialistas” hasta llevarlas a unificarse con una parte de quienes habían sido sus enemigos por tantos años. La unificación de la “izquierda socialista” con las “fuerzas democráticas dentro del gobierno” fue una triste tragedia de la lucha de clases en nuestro país. MORENA recorre este proceso en tiempo record; logra unificar a una camada de viejos lobos marinos del priismo (como Ricardo Monreal, Alfonso Durazo) con antiguos comunistas descontentos con el PRD. Las razones de esto es la necesidad de reinventar una nueva fórmula socialdemócrata que logre ocupar el puesto desgastado que el PRD ha perdido; lo que antes fue una tragedia, aparece ahora como una farsa. Constancia de ello es el programa político del MORENA, que no es un regreso a la vieja política oportunista de la década de los ochentas sino la continuación de la del PRD en 2012. Por ejemplo, en enero de 2012 a unos meses de las elecciones, AMLO -y no el PRD- firma un “Pacto por México” con sus aliados empresarios titulado Convenio con el sector privado nacional para impulsar la inversión, el empleo y la prosperidad. En ese documento se afirma que la “causa principal del estado de pobreza” es la insuficiencia del crecimiento económico con relación a las necesidades de empleos, así como del “continuo estado de violencia e inseguridad”, es decir, no tiene nada que ver con alguna contradicción inherente al capitalismo sino a un “inadecuado manejo de la política económica y la corrupción imperante”. Para ello, el entonces precandidato presidencial se comprometía a manejar “sin déficits públicos las finanzas nacionales; combatirá la inflación y reformará el equilibrio de las cuentas externas” (lo que ha sido una continuidad política de austeridad social los últimos 30 años). En resumen su proyecto en términos económicos busca “impulsar el desarrollo a través de las iniciativas privadas y sociales, promoviendo la competencia, pero ejerciendo la responsabilidad del Estado en las actividades estratégicas reservadas por la Constitución (MORENA, 2014). Su política no consiste en un cambio radical respecto al PRD, sino en volver a atrapar a la clase obrera y los estratos populares en la red socialdemócrata, y contener su lucha en los estrechos límites de las instituciones burguesas.

Después de 30 años de reconfiguración del sistema político mexicano, es posible conocer su saldo:
• Respecto al parlamento, hay un claro avance en la pluralidad de partidos representados en el Congreso de la Unión, así como de su proporción. El PRI, pasó de tener el 74% de los diputados y el 98% de los senadores en 1977, a tener 43% y 40% en 2012 respectivamente. A partir de 1988 pierde la mayoría calificada en la cámara de diputados (dos terceras partes) y en 1997 la mayoría simple. Vemos un cuadro donde el PAN fue mayoría en el senado en dos legislaturas y una vez en la cámara de diputados, mientras que el PRD obtuvo más diputados en 2006 que el PRI. En síntesis, desde 1997 nos encontramos en una situación donde todos las decisiones en el Congreso de la Unión no son impuestas por el partido mayoritaria sino negociadas entre todas las fuerzas.