La seguridad social en México

31.Jul.20    Noticias nacionales
   

El derecho a la seguridad social es visto por el capital como parte del costo de la fuerza de trabajo, y es precisamente hoy, con una economía que lleva casi ocho lustros de estancamiento y crisis, que se busca reducir sus beneficios en México. La estrategia se acompaña por un discurso que plantea que de no reformar la seguridad social habrá inevitablemente una crisis de las finanzas públicas.


El derecho a la seguridad social es visto por el capital como parte del costo de la fuerza de trabajo, y es precisamente hoy, con una economía que lleva casi ocho lustros de estancamiento y crisis, que se busca reducir sus beneficios en México. La estrategia se acompaña por un discurso que plantea que de no reformar la seguridad social habrá inevitablemente una crisis de las finanzas públicas.

Para conseguir el respaldo social, el gobierno señala que la posible crisis se asocia a la existencia de esquemas que benefician a quienes más tienen, por lo que se requiere reducir los montos de las pensiones y dirigir los recursos fiscales a quienes son considerados merecedores de ayuda (viudas, niños, enfermos, ancianos) y a los pobres extremos que no tienen acceso a los sistemas formales de seguridad social.

En el actual sistema económico al trabajador individual le aparece el financiamiento de su jubilación como un atesoramiento, pero se trata en realidad de la adquisición de derechos sobre una parte de la producción futura. La supuesta necesidad de atesoramiento para la sobrevivencia en la vejez toma cuerpo con el sistema de cuentas de ahorro individual.

En México nunca hubo la intención de construir un Estado de Bienestar, y el alcance de los beneficios de la seguridad social quedó en manos de los gobernantes. El principio revolucionario de “justicia social” se limitó al acceso universal a la educación básica, quedando los demás derechos, incluidos los de salud y seguridad social, como propios de la clase asalariada o de los sindicatos vía contratos colectivos.

El acceso a la seguridad social se logró mediante una combinación de decisiones de las élites para proteger, inicialmente, a las fuerzas armadas y los burócratas y, posteriormente, como resultado de la movilización social se amplió la cobertura a los grandes sindicatos corporativos, dejando sin protección a la gran mayoría de mexicanos.

 

El derecho de clase a la seguridad social quedó estipulado en la Constitución de 1917 de forma incipiente y enunciativa, restringiéndose a los trabajadores formales y sus familias (Artículo 123). Hasta la fecha la seguridad social no es un derecho social para todos los mexicanos. En años recientes se han creado, por una parte, sistemas no contributivos de transferencias monetarias para adultos mayores (de montos muy por debajo de la línea de pobreza per cápita) y, por otra parte, el Sistema Nacional de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular, para la población sin derecho a los servicios de salud de la seguridad social, cuyo alcance es limitado y deficiente debido a que se restringe a ciertos padecimientos y no cuenta con la infraestructura, personal y medicamentos suficientes para atender la demanda.

 

Con la llamada globalización se inicia un periodo de quebrantamiento de las instituciones que garantizaban la reproducción social dentro del contrato laboral, haciendo más vulnerable a los trabajadores y reforzando su estatus de mercancía, a tal grado de que sus condiciones de explotación y estabilidad laboral pueden compararse con las que prevalecían en los siglos xviii-xix.

Los seguros sociales en México se diseñaron bajo el supuesto de que las pensiones por vejez, invalidez y muerte serían solventadas por un sistema que requería la aportación de la fuerza de trabajo para la constitución de un capital social, el cual crecería a la par de las necesidades impuestas por el cambio en la estructura de edad. El diseño suponía además que la cuota podía incrementarse paulatinamente para hacer frente al proceso de envejecimiento. Como en cualquier otro seguro, el capital ahorrado requería ser invertido para que no perdiera su valor. El Estado tenía la función de ser garante de los fondos; los beneficios futuros estaban claramente definidos desde un inicio; había solidaridad intergeneracional, pues la población activa contribuía para pagar las pensiones de los más viejos y desvalidos, pero se buscaba que el propio capital social fuera autosuficiente y sólido para proveer los recursos necesarios para el retiro futuro. El Estado mexicano fue omiso de su obligación de garantizar la creación y mantenimiento del capital social, y las cuotas de la seguridad social pagadas por los trabajadores para este fin fueron utilizadas para la inversión en infraestructura y gasto corriente (así como en otros gastos que nunca fueron transparentados), sin que se restablecieran los fondos que permitirían darle sustentabilidad al sistema y, eventualmente, financiar y universalizar las pensiones.

La debilidad de los fondos de pensiones se agudizó con la crisis del capitalismo de los años setenta y con el aumento en la esperanza de vida, lo que llevó a poner en tela de juicio la viabilidad de este esquema. La reestructuración de los sistemas de pensiones, con la que se implantan las cuentas individuales, constituye una pieza clave de la reforma social neoliberal al permitir crear grandes fondos de financiamiento en manos de la iniciativa privada, además de reducir sustancialmente el monto de las pensiones.

La primera reforma en la que se introducen las cuentas de ahorro individual a los sistemas de pensiones en América Latina se llevó a cabo en Chile durante la dictadura de Pinochet. José Piñera, ministro del Trabajo de Pinochet, y promotor del sistema privado de pensiones a escala mundial, presentó el esquema como la liberación de los trabajadores:

Los símbolos son importantes, y escogimos el 1° de mayo [de 1981] como fecha de nacimiento del sistema privado de pensiones para permitir a los trabajadores celebrar ese día no como uno de lucha de clases sino como el día en que ganaron la libertad de controlar sus recursos para el retiro y se liberaron de las cadenas del seguro social estatizado.

El sistema de cuentas individuales en América Latina se generalizó como resultado de los paquetes de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en los años ochenta y noventa, a raíz de la crisis de la deuda. Ello se debió al temor en estos organismos de que en los países con sistemas de seguridad social avanzados se presentaran problemas de disciplina fiscal y estabilidad presupuestaria, lo que reduciría su capacidad de pago de la deuda. Es decir, detrás de estas reformas estuvo el interés del capital financiero internacional.

El fracaso de la reforma neoliberal de pensiones es evidente. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que cerca de la mitad de los países que reformaron sus sistemas de seguridad social en América Latina y Europa del Este han vuelto al modelo de reparto solidario o han hecho una mezcla entre ambos modelos, y que en 2010 sólo existían nueve países en el mundo con sistemas de capitalización individual. Un informe del BM alertaba ya en 2004 del fracaso de la reforma a la seguridad social en América Latina, derivado de la baja cobertura y las cuentas individuales; el elevado costo de la transición en algunos países (como Bolivia o Argentina); los bajos niveles de pensiones; y las excesivas comisiones cobradas por las AFP (Administradora de Fondos de Pensiones, figura equivalente a las AFORES en México, Administradora de Fondos para el Retiro). Se han creado oligopolios, con grandes AFP que controlan el negocio de la administración del ahorro de los trabajadores, como está sucediendo actualmente en México.

Pero el mayor problema de este sistema es la incapacidad de los trabajadores para ahorrar lo suficiente para tener una pensión de sobrevivencia digna. El Informe Final de la Comisión Asesora para el Sistema de Pensiones en Chile ilustra claramente el fracaso del sistema al señalar que la media de las pensiones en cuentas individuales, entre 2007 y 2014, fue de 34% del salario promedio de los últimos 10 años, y entre 2025 y 2035 esta tasa de remplazo bajará al 15%.

Las reformas de los sistemas pensionarios en México se llevaron a cabo en 1997 (IMSS) y 2007 (ISSSTE).

En cuanto a las diferencias en requisitos y beneficios de las leyes del IMSS de 1973 (sistema de reparto) y de 1997 (capitalizaciones individuales), disertemos un poco. Por ejemplo, con la ley de 1973 un trabajador tiene derecho a retirarse a los 60 años, si cubrió 500 semanas de cotización, mientras que con la de 1997 sólo se puede jubilar a partir de los 65 años y requiere haber cotizado 1,250 semanas. Dada la resistencia de los trabajadores al nuevo esquema, la ley estableció el derecho para los trabajadores activos, antes de la aprobación de las reformas, a optar por el sistema de su preferencia.

Cuando se realizó la reforma a la de la Ley del IMSS en 1997 el gobierno federal afirmó que mediante el sistema de cuentas individuales los trabajadores podrían obtener una pensión digna y que se reduciría la carga fiscal de las pensiones. Como ninguno de estos objetivos se alcanzó, ahora se plantea reducir los derechos de los trabajadores de la llamada generación de transición, sin importar las afectaciones en el bienestar de los hogares.

La propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para lograr tal reducción consiste en que quienes pertenecen a la generación de transición dejen de acumular derechos en el sistema solidario de beneficios definidos e inicien el ahorro en cuentas individuales por lo que resta de su vida activa. Así se tendría una pensión con un sistema pro-rata, es decir, compuesta de dos elementos: el de beneficios definidos y el de cuentas individuales.

Las recomendaciones de la OCDE van en contrasentido de las propuestas realizadas por el grupo de expertos que analizó la situación de las pensiones en Chile, entre cuyas principales conclusiones están: 1) Fortalecer y ampliar el Sistema de Pensiones Solidarias, aumentando la cobertura del Sistema de Pensiones Solidarias para cubrir, al menos, 80% de la población y 2) Crear una AFP Estatal que compita con las mismas reglas que el resto de las AFP. En sentido contrario, la OCDE propone reducir las pensiones solidarias, flexibilizar la inversión y reducir los beneficios de los programas no contributivos.

Las propuestas y las políticas asociadas a la seguridad social que en breve se estarán discutiendo en el Congreso de la Unión seguramente tenderán a reducir el ingreso disponible de los pensionados y sus dependientes. Esto es sumamente grave si consideramos que existe una reducción relativa de puestos de trabajo, que hace cada día más difícil conseguir empleo. Se hace necesario repensar el sistema de protección social en su conjunto, mediante mecanismos como el del Derecho al Ingreso Ciudadano Universal, el cual debe ser suficiente para lograr llevar una vida digna independientemente de la condición, de actividad, edad o sexo de las personas.

Ante esta situación resulta positivo que se discuta una reforma al sistema de pensiones, vigilando claro está que no se incentiven malas prácticas laborales por parte de los patrones y líderes sindicales charros. De esta iniciativa se ve con mucha duda el incrementar las pensiones vía el patrón, dado que representará mayores costos laborales al no aplicar el mismo porcentaje cundo se trata de un trabajador de menores ingresos que otro que gane un mayor ingreso.

En la propuesta de AMLO, se supone que el patrón va a asumir la totalidad del aumento de la seguridad social, esto es una gran mentira, pues tarde o temprano repercutirá en alguna proporción en el trabajador… Así que hay que leer las letras chiquitas.

Se advierte que las empresas estarían menos dispuestas a contratar a trabajadores con altos salarios, o bien, estarían tentados a reportar a sus empleados con bajos salarios para que el gobierno pague la pensión y el resto darlo en efectivo. Como existe ahora el sistema de pensiones se deben considerar aspectos fundamentales como incluir la generación 73 y a los independientes, además de contemplar los pendientes que existen en el actual sistema como ahorro voluntario y régimen de inversión.

De aprobarse ahora la implementación y el aumento de las pensiones llevará un tiempo de once años para empezar a ver los resultados, además de que no se atiende para nada la segmentación del mercado laboral. Señalando que la edad para pensionarse se sostiene en 60 y 65 años.

El sistema laboral en México tiene una marca distintiva que es excluyente, pues muestra que la mayoría de los trabajadores obtienen un ingreso insuficiente para cubrir el costo de dos canastas básicas, es decir, para mantenerse a sí mismo y a otra persona.

La mayoría de los trabajadores que tienen un empleo asalariado y subordinado carecen de contratación estable y de una organización sindical que realmente los represente para exigir al patrón el respeto a sus derechos; muchos de los nuevos trabajos ya no están basados en la relación obrero-patronal tradicional, sino en plataformas tecnológicas y en diversas formas de “trabajo independiente”. Esta tendencia global implica en la práctica trabajar sin seguridad social, sin prestaciones y sin afiliación sindical.