La guerra es la extensión de la política por otros medios

27.Nov.14    Noticias nacionales - Opinión
   

200 La guerra es la extensión de la política por otros medios, lo han podido corroborar los maestros de la CETEG y los normalistas de Ayotzinapa con el recrudecimiento de una serie de acciones coordinadas en las que participan el magisterio guerrerense, en plantón indefinido desde el 8 de octubre en el zócalo de Chilpancingo y organizaciones sociales que se han sumado, en cumplimiento a los acuerdos de la Segunda Asamblea Nacional Popular de fortalecer dicho plantón para evitar la criminalización al magisterio por parte del gobierno. Los medios lo llaman “vandalismo” y los empresarios y el gobierno consideran actos “terroristas” o “incitación a la violencia” porque así desvirtúan el contenido político de que tienen implícito dichas acciones.


Y es que cada acción, aun la más violenta, es –en primera instancia– una acción política.

La lucha por la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa desaparecidos por las fuerzas policiacas y grupos paramilitares –ambas fuerzas armadas hacen parte del Estado– cubre varios ejes de acciones que combinan todas las formas de lucha, desde las movilizaciones pacíficas hasta la toma y clausura de edificios públicos, desde los foros de denuncia hasta las reuniones con diversas autoridades, desde la liberación de casetas hasta el bloqueo de carreteras, o la afectación a los monopolios nacionales y extranjeros, cuya dictadura ejerce este Estado bajo una fachada democrática.

La intensidad de las acciones no las determina el movimiento de protesta, repudio y desconocimiento de las instituciones que se muestran incompetentes, irresponsables e intolerantes con la demanda de ¡Presentación con vida! Y ¡Justicia! que es un clamor no sólo de los normalistas y los padres y familiares agraviados, ni del magisterio guerrerense, tan íntimamente ligado a la normal de Ayotzinapa, es una demanda nacional e internacional; la intensidad de las acciones está determinada por la nula respuesta del gobierno y porque el tiempo se vuelve un factor que corre en contra de la vida de los desaparecidos.

La quema de diferentes edificio públicos y las sedes de algunos partidos políticos en Chilpancingo, muestra a los ojos de la ciudadanía y de los pueblos de otros países que el gobierno mexicano no está haciendo nada para dar una solución a este conflicto que ha puesto en entre dicho la viabilidad del capitalismo, pues el caso Ayotzinapa ha sido la culminación de los agravios contra la clase trabajadora; reforma tras reforma, gasolinazo tras gasolinazo, encarecen la vida y quitan derechos, lo que coloca a la familia trabajadora en situación de sobrevivencia y ante la disyuntiva de luchar o morir.

La junta que administra el estado, por su parte hace lo propio y también prepara ya acciones violentas directas sobre los contingentes movilizados en todo el país, es para imponersu política de sometimiento y dominación; de ellos se dirá que aplican el “estado de derecho” que hacen respetar las instituciones” o que defienden la “democracia” y que para ello salen a las calles y hacen uso de la violencia del Estado, esa misma violencia que le ha arrebatado a 43 hijos a Guerrero.

Por eso la lucha por la presentación con vida de los normalistas y justicia y castigo a los culpables fue desde el principio una lucha política porque colocó en el banquillo de los acusados a los verdaderos responsables: las instituciones del Estado. De ahí el repudio no sólo a los gobernantes y sus partidos electorales, de ahí el odio contra los monopolios, de ahí el deseo de destruir todo lo viejo y obsoleto y comenzar a construir lo nuevo, por eso los pueblos y las comunidades indígenas de la Montaña, de la Costa Chica, de la Costa Grande, del Centro han comenzado a resolver políticamente sus problemas más apremiantes comenzando, como debe de ser, por organizar la vida pública de acuerdo a sus propios intereses y no a los intereses del capital.