Al llegar a la Casa Guerrero se instaló un plantón que bloqueó la puerta principal impidiendo el paso a los trabajadores y funcionarios que en ese momento salían a comer. El objetivo era buscar una audiencia con el gobernador para plantearle un pliego petitorio donde resalta la necesidad de establecer una comisión independiente que investigue el artero crimen, y puesto que el gobierno ha mostrado incapacidad y negligencia para resolver los asesinatos de luchadores sociales, de estudiantes normalistas y en general del pueblo guerrerense violentado todos los días en sus garantías individuales, la propuesta de que dicha comisión investigadora la presida un miembro del propio PCM; otras demandas fueron la aplicación de la recién aprobada Ley de víctimas, porque todos los indicios recabados hasta ahora apuntan la responsabilidad intelectual del crimen hacia el gobierno de Guerrero, esto para no dejar en el desamparo a la madre del camarada Miguel y a las viudas y los hijos de los camaradas Raymundo y Samuel, la viuda de éste último con un embarazo avanzado; continuar con el curso avanzado de las gestiones que realizaba la LARSEZ y que en estos días debían comenzar a aterrizar en las comunidades; y, finalmente el compromiso del gobierno de Guerrero de otorgar garantías para la realización de sus actividades sociales y políticas a todas las organizaciones independientes que actúan en Guerrero.
La respuesta del gobierno en un principio tibia y timorata, cambió cuando la comisión responsable de solicitar la audiencia entregó un dossier con todas las muestras de solidaridad internacional para con los familiares de los asesinados y sus organizaciones, y se les hizo saber que una campaña internacional de presión diplomática ha de iniciarse en Europa y que alcanzaría el Europarlamento para condenar las violaciones a los derechos humanos en Guerrero, comprometiéndose a agendar una cita con el secretario general de gobierno a la brevedad posible.
En declaraciones a los medios que cubrían la marcha la compañera de la LARSEZ, Hortensia Gallardo Espinoza, esposa del camarada Raymundo Velázquez Flores, aseguró que de lo que ellos han investigado por su cuenta no tienen ninguna duda de que la responsabilidad intelectual del crimen es del gobernador Ángel Aguirre y funcionarios de su gabinete, pues les resultaba más barato asesinarlo que dar los apoyos que beneficiarían a cientos de familias.
Otro móvil del asesinato fue que el profesor Velázquez estaba impulsando la creación de policías comunitarias en diversas comunidades donde todavía no existen estos cuerpos de autodefensa, tan necesarios en Guerrero ante la incapacidad cómplice del gobierno para contener al crimen organizado y es que los grupos criminales que operan en Guerrero se convierten en paramilitares en tanto son funcionales a los intereses de los monopolios que quieren establecerse en la región para tener el control de materias primas.
La manifestación terminó pasadas las 10 de la noche cuando la comisión informó de los acuerdos y avances logrados con el gobierno, no sin antes hacer el firme compromiso de que marcharan y se manifestarán las veces que sea necesario hasta alcanzar los objetivos del pliego petitotrio.