Por su parte, las comunidades en donde se desarrollan estas actividades no se ven beneficiadas por estos megaproyectos, sino que sufren un terrible impacto ecológico, debido a que la extracción minera afecta el ambiente desde el subsuelo hasta la atmósfera, incluyendo suelos y cuerpos de agua, lo que significa en los hechos el saqueo del territorio oaxaqueño.
Resulta obvia la incidencia que tiene la llegada de empresas internacionales a estos territorios. Desestabilizan la economía local, trastocan la vida de los lugareños en todos sus ámbitos, ejercen su dominio sobre el territorio, acaban con los ecosistemas y con la diversidad ecológica del lugar y se lucra con la sobre explotación de unos recursos naturales limitados.
El Gobierno Estatal sigue promoviendo el desarrollo sustentable en función de un supuesto crecimiento económico con responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente, describiéndonos un panorama paradisiaco. Sin embargo lo hechos son distintos, en Istmo con los aerogeneradores, en San José del Progreso, con la minería a cielo abierto en aras de expansión de más mineras, futuros proyectos de hidroeléctricas en la Cuenca; provocando así la perturbación en la atmosfera y hábitat de las aves y fauna en Tehuantepec por los aerogeneradores; la acumulación nociva de residuos tóxicos vertidos en la región central cuenca arriba, la incontenible deforestación de nuestros bosques, se suman los trastornos hidrológicos por las alteraciones climáticas. Por otra parte ha provocado el rompimiento social de las comunidades originarias a las que se las ha impuesto este trato y sometimiento mismo que las reduce a convertirse en testigos afectados, que en su vida han generado graves violaciones a los derechos humanos: económicos, sociales y culturales. Esto nos lleva a denunciar las políticas de Desarrollo y Progreso económico en el estado solo son útiles al capital privado y que las mismas no están llevando a un progreso a nuestros pueblos sino aun despojo de sus riquezas.