Reforma Política: táctica oportunista para las elecciones de 2014 y de distracción para las luchas de masas

Ivan Pinheiro, Secretario General del Partido Comunista Brasileño (PCB)

En 2002, cuando surgió la posibilidad de victoria electoral de lo que entonces parecía ser un frente de izquierda y, por lo tanto, de iniciar un proceso de cambios progresivos en Brasil, en vísperas de la primera vuelta Lula firmó la “Carta a los brasileños”, en verdad dirigida banqueros, comprometiéndose a mantener intacta la política económica neoliberal de la época de FHC [Fernando Henrique Cardoso], incluida la “autonomía” del Banco Central y el superávit primario, desvío de recursos públicos para pagar a los rentistas. En ese caso, no se puede acusar a Lula de no cumplir promesas.

Con su victoria en la segunda vuelta, la entonces coordinación del frente que lo apoyaba creó una comisión de los cinco partidos (PCB, PT, PDT, PSB y PCdoB) para elaborar un PROGRAMA DE LOS 100 DÍAS, de forma que, después del inicio del mandato, el nuevo Presidente mostrase que vino a cumplir las promesas de cambios hechas en la campaña y que llenaban de esperanza a la gran mayoría del pueblo brasileño y de la izquierda mundial.

La principal propuesta de la comisión, presentada por el PCB, era la convocatoria, poco después, de un plebiscito para consultar al pueblo sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente soberana, que no se confundiese con la composición del Congreso nacional y que revisase toda la Constitución brasileña, que ya había sufrido un fuerte retroceso política en función de las enmiendas aprobadas en el infame gobierno de FHC.



Se partía del supuesto de que, para cambiar Brasil, era indispensable primero cambiar las leyes que perpetúan la hegemonía burguesa. Exactamente como hicieron Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, antes de detonar los procesos de cambios en sus países.

¡Pero en Brasil el miedo venció a la esperanza!

Antes incluso de la toma de posesión, ya elegido en la segunda vuelta, el primer viaje internacional de Lula, de sorpresa (al menos por el PCB), fue a los Estados Unidos para reunirse con Bush en la Casa Blanca, al lado de Henrique Meireles, entonces presidente del Banco de Boston, para presentarlo como el nuevo presidente del Banco Central de Brasil, asegurándole autonomía para dirigir la política monetaria. En ese momento, comenzó a disolverse la coordinación política de campaña, que debería transformarse, tras la toma de posesión, en una coordinación política del gobierno.

Al tomar posesión, Lula tiró a la basura, al mismo tiempo, el programa de campaña, la coordinación política y el Programa de los 100 días, optando por la gobernabilidad institucional del orden, en vez de la gobernabilidad popular por los cambios. Formó una base de apoyo parlamentario con el centro y el centro-derecha, con más de 300 de los que llamara selecciones, transformándose en rehén y cómplice de los caciques de la política burguesa, bajo el mando del PMDB [Partido del Movimiento Democrático Brasileño] y del compañero Sarney, rindiéndose al gran capital. El vicepresidente, José de Alencar, había sido cuidadosamente escogido para señalar una alianza con sectores de la burguesía, con vistas a un proyecto neodesarrollista, que Lula anunciaba, ya en la toma de posesión, como el “espectáculo del crecimiento” que iba a “desbloquear” el capitalismo en Brasil. Esa promesa Lula también la cumplió a rajatabla.

Constatando la traición al programa que eligió a Lula, el PCB, en marzo de 2005 (antes, por lo tanto, del episodio conocido como “mensualidad”), rompe con el gobierno, por absoluta incompatibilidad política con el transformismo del nuevo presidente y de los demás partidos que habían compuesto el frente, que continuaron degenerando y hartándose de cargos y financiación, sin ningún tipo de crítica al abandono del programa electoral y entregando las organizaciones sociales bajo su influencia en la bandeja de la cooptación, transformando una legión de ex militantes de izquierda en burócratas de carrera , buscadores electorales de “mandatos” de sus partidos.

La CUT [Central Única de Trabajadores] y la UNE [Unión Nacional de los Estudiantes], que ya venían también en un acelerado proceso de degeneración, pronto se transformaron en correa de transmisión del gobierno y en los principales instrumentos de desmovilización de los trabajadores y de la juventud.

Después de diez años aprovechando el capitalismo, “como nunca antes en la historia de este país” –engañando a los trabajadores con el discurso de la inclusión, de nueva clase media, de un desarrollo capitalista en que ganarían igualmente todas las clases y que garantizaría la paz social–, bastó el fusible del aumento de las tarifas de autobuses urbanos para que se desmontasen las ilusiones, los 10 años de conciliación de clase, de manipulaciones, del reblandecimiento de la clase trabajadora y de la juventud.

Todo esto aliado a los vientos de la crisis del capitalismo, que ha llevado al gobierno de Dilma [Rousseff] a mitigarlo con más capitalismo: exención del capital, Código Forestal, privatizaciones de carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos, estadios de fútbol, la vergonzosa continuación de las subastas de petróleo, incluyendo el pre-sal [gigantescos reservorios de aguas profundas descubiertos en 2007, llamados pre-sal por hallarse bajo una espesa capa de sal a unos seis km bajo el suelo marino], además de proyectos para reducir derechos laborales y pensiones.

La explosión de insatisfacciones reprimidas tiene sus principales razones en la privatización y el desmantelamiento de los servicios públicos, sobre todo en sanidad y educación, en la desmoralización y falta de representatividad de las instituciones de orden (y de las entidades de masas cooptadas), en función de alianzas y prácticas oportunistas y de complicidad con la corrupción.

Con la quiebra de los tacones altos petistas [de PT, Partido de los Trabajadores], se fueron a la arrogancia y la certeza de algunos confortables años más de lo mismo. Atónitos, los reformistas comienzan golpearse la cabeza y a llamar a Lula, algunos abandonando a Dilma en el camino, a causa de la bajada de su popularidad. Al mismo tiempo, encontraron en la basura de su propia historia el Programa de los 100 días, abandonado cuando la correlación de fuerzas le era muy favorable. Con sus casi 60 millones de votos y una inaudita esperanza popular, Lula tenía todo el respaldo para cambiar Brasil, movilizando a las masas, aunque fuera con medidas apenas progresistas.

A casi un año de fin del mandato de Dilma, cada vez más rehenes del centro y del centro-derecha para mantenerse en el gobierno, petistas y otros reformistas, algunos insistiendo en llamarse comunistas (lo que, por practicar la conciliación de clases, es funcional para su aceptación por el sistema), levantan la bandera de la reforma política, despotricando contra el parlamento, la justicia, los medios de comunicación, las instituciones que no sólo dejaron intactas, sino fortalecidas.

Fingiendo desconocer que este gobierno no sobrevive sin el PMDB, que tiene la llave de la agenda legislativa brasileña –con la inédita acumulación de la presidencia de la Cámara y del Senado y la Vicepresidencia, ocupadas por los más experimentados zorros políticos– los reformistas levantan ahora, como la salvación de la patria, la bandera de la convocatoria de un plebiscito para una constituyente, ¡que abandonaron en el momento propicio, hace diez años!

Llamar a una constituyente en esta correlación de fuerzas desfavorable –y en el momento en que “caen las fichas” de los trabajadores y de la juventud, hasta el punto de no poder llevar por las calles sus banderas– es un gesto de desesperación. O se trata de una inocente ilusión de clase o de una inteligente cortina de humo para llevar al pueblo la impresión de que quieren cambiar, pero la oposición no les deja. Como no hay inocencia en políticos profesionales, la segunda hipótesis es más probable. Tanto no quieren cambiar que, en reciente nota oficial, la dirección nacional del PT aseguró que su alianza preferente para 2014 es con el PMDB, asegurando al indefectible Michel Temer la candidatura a vicepresidente.

La correlación de fuerzas no es desfavorable sólo en el parlamento, sino sobre todo en relación a la evidente hegemonía burguesa en la sociedad brasileña, moldeada por el fundamentalismo religioso y por los medios de comunicación hegemónicos, que cultiva la aversión a los partidos políticos y reduce la política a los momentos electorales.

Van a buscar en la basura la constituyente de 2003, que sería amplia y sin restricciones, pero ahora se limita a una específica sobre reforma política que no merece ese nombre, ya que es fundamentalmente electoral. Muestran así que solo creen en la llamada democracia burguesa, una dictadura de clase disfrazada.

En el inteligente (y al mismo tiempo desesperado) discurso de reforma política, hacen críticas a las deformaciones del parlamento, a las cuales contribuyeron tanto como los demás partidos de orden. El PT y sus aliados fieles y acríticos se hartaron de financiación privada, al punto de que sus candidatos, en algunos casos, han recibido más donaciones “generosas” de empresas –en general contratistas, concesionarias de servicios públicos y bancos– que sus adversarios conservadores, entre otras cosas porque los sectores más lúcidos de las clases dominantes prefieren subcontratar el gobierno a un partido con el nombre de trabajadores, para hacer con eficiencia una política del capital y con la ventaja de eludir a aquellos que prestan su nombre al partido.

Defienden ahora el voto en lista cerrada, o sea, en partidos y programas y no en personas, cuando el PT fue el partido que más contribuyó al voto personalizado, utilizando el prestigio de Lula y la mercantilización de las elecciones. Proponen ahora el fin de las coaliciones en las elecciones proporcionales, cuando el PT y sus fieles aliados han hecho las coaliciones más espurias e inimaginables.

Una evidencia de que la propuesta de reforma política no es más que una conveniencia táctica es que el PT sabe del riesgo real de perder en plebiscito las propuestas que hoy defiende, como la financiación pública exclusiva y el voto en lista, en una coyuntura en que el pueblo repudia los partidos políticos, por otra parte responsabilidad del propio PT y de sus cómplices de clientelismo. Esa derrota sería también la de la izquierda socialista, pues son propuestas positivas, que en diez años los reformistas no sacaron adelante, incluso ejerciendo la presidencia de la república.

Esta maniobra irresponsable y electoralista puede tener consecuencias nefastas, en la medida en que abre la puerta para que el Congreso Nacional promueva, sin ninguna consulta pública, una minirreforma regresiva, para que parezca cambio. Con miedo de que las urnas revoquen sus mandatos, una renovación anunciada sin precedentes, los parlamentarios ya hablan de acortar la duración de la campaña electoral con el pretexto de reducir los costos financieros, pero en realidad para favorecer a los que ya tienen mandato.

Tal vez por falta de tiempo, aún no consigan el final de las coaliciones proporcionales y la creación de algún tipo de barrera electoral, con el objetivo de reducir el número de partidos y perjudicar sólo a aquellos ideológicos, de oposición de izquierda. Las pequeñas y medianas siglas de alquiler se adaptarán a las restricciones, fundiéndose a los llamados grandes partidos, en tenebrosas transacciones.

Con o sin consulta popular, cualquier iniciativa de reforma electoral en esta coyuntura puede resultar una contrarreforma, antipolítica y antipartidaria.

Y no sirve que sectores petistas se quejen de la minirreforma electoral, porque el presidente de la comisión responsable de ella es el diputado petista Cândido Vacarezza, históricamente ligado a Lula y nombrado para el cargo por el presidente de la cámara, contra la opinión de la mayoría de la dirección nacional del PT, ¡de hecho lo hizo por eso mismo!

A pesar de que estamos a favor de la financiación pública, no tenemos ilusión de que su advenimiento acabe con la corrupción y vuelva democrática la contienda, en un país capitalista en el que la corrupción es sistémica y los medios de comunicación hegemónicos manipulan, influyen y a menudo deciden las elecciones. Esta medida puede dificultar, pero no erradicar la corrupción.

Tampoco estamos contra una lucha –en una correlación de fuerzas favorable y desvinculada de cálculos electorales– por una reforma política progresiva, en la que el fortalecimiento del protagonismo popular pueda contribuir a la auto-organización de los trabajadores. Pero sin ilusiones como la posibilidad de superar el capitalismo a través de elecciones y de reformas.

Lo más grave, sin embargo, es que la prioridad en la consigna de la reforma política secuestra la agenda unitaria levantada en las manifestaciones del 11 de julio. Se trata de una distracción y una argucia para no exponer a la presidenta Dilma y al posible candidato Lula al desgaste de tener que negar cada una de aquellas consignas, precisamente porque fueron rehenes y socios del capital.

Debemos continuar levantando las banderas de la reducción de jornada sin reducción salarial, de la reforma agraria, del fin del recorte de las pensiones y de la externalización, del fin del superávit primario y de las subastas de petróleo para generar inversiones públicas en sanidad y educación, de la desmilitarización de la policía, entre otras. Por eso, no podemos caer en la mentira de la reforma política, que los reformistas quieren colocar ahora en primer plano, en detrimento de las consignas citadas.

Es preciso desenmascarar la actual campaña de recogida de un millón y medio de firmas digitales millones para el plebiscito de constituyente específica. No por incentivar la iniciativa popular, sino por los objetivos de la campaña y por la forma de recoger las firmas, sólo a través de Internet, estimulando así la aséptica militancia electrónica, sin salir de casa o de la oficina, fría y sin interacción con las masas, tal vez por recelar de ese contacto.

En vez de eso, debemos y podemos organizar una oportuna y necesaria recogida de firmas para una iniciativa legislativa por un plebiscito, pero para que el pueblo responda si quiere una Petrobrás 100% estatal, bajo control popular, el fin de las subastas y que los beneficios de explotación del petróleo sean invertidos en una sanidad y una educación públicas y de calidad. Esa puede ser una importante campaña de masas, sirviendo también para movilizar al pueblo en vísperas de una nueva y ultrajante subasta de nuestro petróleo. Una campaña en las plazas, en las puertas de las fábricas y de las escuelas, en contacto directo con los trabajadores y los jóvenes.

Por todo eso, las fuerzas políticas y sociales del campo anticapitalista, de oposición a los gobiernos social-liberales y neoliberales, precisan reunirse urgentemente en un Pleno Nacional, para debatir la forma y el contenido de nuestra participación el día 30 de agosto, anunciado por las centrales amarillas sin ninguna representatividad como un “día nacional de huelgas”. Incluso si se retiran, como ya ocurrió otras veces.

Las fuerzas anticapitalistas ya no pueden participar en manifestaciones sin unidad e identidad propia, so pena de confundirse con los reformistas y no crear las condiciones para la necesaria formación de un frente de carácter anticapitalista y antiimperialista, centrada en la unidad de acción en la lucha elecciones y los partidos de lucha y más allá de las elecciones y de los partidos registrados oficialmente.

Finalmente, en lugar de reforma electoral, nuestra consigna política central debe ser POR EL PODER POPULAR, que expresa el rechazo a las instituciones burguesas y “a todo lo que está ahí”, señalizando una organización popular con vocación de poder.