¿Gobierno de coalición?. El capital intenta cerrar filas para gestionar la crisis y evitar lo que sigue, lo que falta

Pável Blanco Cabrera

Rebelión.
El partido unificado del capital visibiliza su rostro una vez más. En 2005-2006 el Acuerdo de Chapultepec –plataforma programática transexenal– impulsado por los grupos monopolistas, fue suscrito por todos los partidos registrados para la contienda presidencial. De manera más reciente en Michoacán se fue más lejos en tales aspiraciones: grupos empresariales y los partidos PRI, PAN y PRD exploraron contar con un único candidato en las elecciones para Gobernador.



Ahora presentan el documento “Por una Democracia Constitucional” que no tiene desperdicio por lo que dice ni por quienes lo suscriben.

Para ejercer su poder las clases dominantes tienen un determinado marco en el que pueden explorar un abanico de posibilidades de gestión, siempre y cuando la base objetiva de su reproducción no sea cuestionada, ni entre en riesgo, es decir siempre y cuando la apropiación privada de la riqueza socialmente producida, y sobre todo del plusvalor, se mantenga inalterable. El Estado será siempre una dictadura de clase, independientemente de la presentación que adopte: con democracia o en ausencia de ella. La democracia hoy es una fachada para expresar que la única fuente de los consensos es el interés de preservar la lógica del capital. El contenido de la democracia en la sociedad dividida en clases es superfluo, y aunque la noción cambie, e inclusive aunque las luchas populares lleguen a imprimirle una sustancia progresista, será siempre en interés de perfeccionar al Estado como maquinaria de dominación.

Las amplias mayorías de la población, la clase obrera y, en general todo el conjunto de los trabajadores asalariados, los campesinos, las capas medias, no tienen ningún interés en común con la burguesía, con los grupos monopolistas y en absoluto vendrá solución alguna a los problemas de la familia popular en el cuadro del actual Estado. No hay soluciones intermedias. Nunca en la historia, con el viejo Estado se ha podido construir la nueva sociedad, pues además de convertirse en límite, en camisa de fuerza, termina por sofocar con violencia tal ingenuidad y los pueblos han pagado un costo sangriento. Querer construir lo nuevo con el viejo Estado es un imposible, un salto al vacío.

Miente quien prometa resolver cualquier problema social cambiando de gobierno, de gestión o de gestor, y preservando el Estado, o su eufemismo, las instituciones; el único camino para los trabajadores es disolver lo existente, derrocando el poder de los monopolios.

El Estado es la maquinaria burocrático-militar, policial y paramilitar, la represión organizada que apelará siempre en primera instancia a la dominación ideológica, al consenso social. Ocultar el conflicto de clase es su base, construyendo la ciudadanía, la igualdad formal. En los tiempos actuales frente a los mass media develar esa realidad, abrir paso a la verdad es un imperativo para la transformación de la realidad.

La forma burguesa de la democracia es un ropaje que cumple el objetivo, mejor que el propio estado de excepción, contando con éste siempre, como reserva presta a caer con fuerza contra el pueblo trabajador.

Si bien la noción democracia en sus orígenes tuvo siempre un contenido de clase y por ende excluyente de las mayorías oprimidas, hoy se presenta en el horizonte de las clases subalternas con un contenido emancipador; y es un deber arrebatar al capital ese concepto, del que se apropió, deformándolo. La verdadera democracia es poder popular, control obrero, participación de las masas. La democracia para ser, es necesariamente anticapitalista. La democracia en tanto que poder popular es un contenido esencial del socialismo-comunismo. Y cuando desde el marxismo hablamos de democracia nos referimos a las conclusiones que se extraen de la Comuna de Paris de 1871, del poder soviético y de la experiencia de la construcción socialista en el Siglo XX.

La restructuración capitalista y la contrarrevolución de los 90’s, sin la presión del campo socialista, desmantelaron el Estado de bienestar, y determinadas conquistas democráticas cedieron su lugar a una concepción instrumental, al liberalismo de Bobbio y otros, reduciéndolo todo al momento del voto. La ciudadanía se reduce a los escasos minutos del sufragio, al espacio que concede la Junta que administra los intereses de la propiedad privada. Identificar democracia con lo electoral, y restringir tal momento, de manera antidemocrática, a fuerzas que expresan los mismos intereses de la clase dominante es la operación perfecta, un soliloquio del capital. Pero no detiene la lucha de clases, ni las contradicciones, y como ahora, a la par de la crisis económica, emerge la crisis política. Y entonces ya no es suficiente, hay que maquillar al insepulto.

En México estamos ya de lleno en el proceso electoral. La llamada transición, tras dos sexenios panistas, es una pieza inservible, aceptando sin conceder, que alguna utilidad tuvo. La misma garantía de ella que era el IFE esfumó su “prestigio”. La abstención crece en la misma proporción que se deteriora la credibilidad de los consensos de la clase política o mejor dicho la burocracia estatal y paraestatal. Sin embargo, la crisis estaba en el origen: un sistema de partidos registrados ad hoc. No debemos olvidar que los arquitectos del moderno sistema electoral en México fueron Carlos Salinas de Gortari, Manuel Camacho Solís y Diego Fernández de Ceballos y como “conciencia crítica” el Grupo de San Angel. Todo se redujo a la alternancia y a la estatización de los partidos registrados, a los cuales se dio representatividad desde arriba.

No es variopinto el grupo de firmantes. Están casi todos los precandidatos presidenciables y los “intelectuales” del régimen –faltan algunos, pero están en tareas paramilitares–. La defensa de la “democracia constitucional” es la defensa del statu quo, la preservación del Estado, que a toda costa los hace cerrar filas.

El hilo argumentativo es la emergencia nacional y la crisis de la representatividad: la propuesta de estos “demócratas” una salida golpista: por encima del proceso electoral –que ellos diseñaron y pusieron en ejecución– un acuerdo postelectoral, para un gobierno de coalición. Con que cinismo dicen al porcentaje de mexicanos que aún vota, que más allá del sentido de su voto, la verdadera elección la harán los monopolios y sus portavoces. Y esos abajofirmantes son tan despreciables como el priísta Peña Nieto. Comparsas de la privatización, la represión, el despojo, y sobre todo de la explotación.

La expectativa de Calderón, para la sucesión presidencial, encuentra en esta iniciativa una posibilidad para materializarse; sabe que el descrédito del PAN requiere de una alianza de la naturaleza que se propone; sabe que con los crímenes contra el pueblo, que su “guerra” provoca, es imposible un sexenio más para su partido.

Ebrard, Creel, Josefina Vázquez Mota, y Beltrones se apuntan para la estabilización. El gran problema nacional es la deteriorada vida del pueblo trabajador, el mundo del trabajo, el casi millón de empleos perdidos desde que estalló la crisis capitalista, la vorágine de aumentos a los productos básicos y el deterioro del salario, las inhumanas condiciones laborales con el crimen industrial en la impunidad; la salud, la educación, la vivienda. Estos aspirantes a gestionar la crisis no tendrán capacidad alguna porque es incontrolable la situación y se necesita la ruptura anticapitalista. Además sus historiales políticos son impresentables.

Si la desmemoria no opera, el principal beneficiario de los demócrata-constitucionalistas, Ebrard, debe ser rechazado, a pesar de su envoltura de izquierda light. Operador político del salinista Manuel Camacho se dedicó a desmantelar a los movimientos sociales y golpear al magisterio desde 1988 en la Ciudad de México. Hoy reprime abiertamente a organizaciones populares, su Ciudad desprecia al mundo del trabajo, a los productores de la riqueza, despoja a los comuneros y reacciona instintivamente contra cualquier protesta social. Encarna en todo su accionar al Partido del orden.

Para el país sería una desgracia que Peña Nieto llegara a la Presidencia, pero nada cambiaría si en su lugar llegara alguno de estos demócratas-constitucionalistas. Tampoco si en lugar de ellos fuera López Obrador.

La experiencia de América Latina, y la propia como pueblo, nos muestra que la noción de izquierda está tan manoseada que dar gato por liebre es una regularidad. En última instancia hoy la izquierda debe ser una fuerza transformadora y no conservadora, que inscriba en su programa el único camino posible para derrocar la injusticia, la dominación clasista, con una clara línea anticapitalista, antimonopolista y antiimperialista.

Y se nos preguntará, que por qué no apoyar a Obrador, si él se declara contra los monopolios. Y sin embargo son dos concepciones del mundo, antagónicas e irreconciliables. Es una hipocresía oponerse tan sólo a los monopolios que hoy no lo apoyan, y una medida que añora el pasado la de regresar a la libre concurrencia, donde la concentración y la centralización aún no forzaba a la concentración de los medios de producción. No queremos regresar al liberalismo, nosotros aspiramos a socializar los medios de producción concentrados y sobre esa base construir la nueva sociedad. Que sueñe el “presidente legítimo” con un capitalismo amable y humano.

Frente al proceso electoral iniciado, frente a la sucesión presidencial del 2012, la izquierda revolucionaria no tiene nada que hacer, sino seguir organizando, luchando porque emerja la clase obrera como la fuerza decisiva y unida a los pueblos indios, trabajadores del campo, estudiantes, mujeres, jóvenes, migrantes, de paso a una fuerza que imponga los cambios que el país necesita.

Y mientras en el mundo suenan las campanas que marcan la hora del combate entre la comuna versus el Partido del orden: de Grecia a Chile, de Portugal a los EEUU, en todo lugar, porque en todos lados la contradicción capital/trabajo espolea a la Historia.