La quiebra universitaria

Sabine Santana

La transparencia en el ejercicio de los recursos que reciben las universidades es necesaria y urgente, pero también lo es la organización activa de los estudiantes y trabajadores para participar en la asignación de los recursos.



El gobierno federal no ha dado una respuesta a las demandas de las 10 universidades estatales que se han declarado en bancarrota, amenazando con dejar sin clases a más del 32% del total de la matrícula de las universidades estatales que hay en México, pero ha decidido ampliar la oferta educativa construyendo 100 universidades nuevas.

Si bien la ampliación de la oferta educativa es necesaria, la propuesta es incoherente si no hay el compromiso de rescatar las 10 universidades (Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Autónoma de Sinaloa) de las cuales dependen ya miles de familias mexicanas.

Un ejemplo de esta deficiencia es la falta de atención a la huelga de los trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que en el 2018 cerró sus puertas durante dos meses, y mientras hay un grave problema financiero en esta universidad, el gobierno federal planea abrir tres nuevas universidades en este estado.

El 29 de octubre la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios convocó a paro nacional por mayor presupuesto universitario y contra la posible quiebra de estas diez universidades: en Tabasco hubo paro de brazos, mientras que las universidades de Michoacán, Guerrero, Querétaro, Oaxaca y Nayarit realizaron pararon y cerraron las instalaciones.

El reciente intento de reducir el presupuesto a las universidades nacionales en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 evidencia el problema que enfrenta la educación media y superior que ofrecen las universidades estatales, y es que están lejos de brindar un servicio gratuito y universal.

En primer lugar, la reducida matrícula que ofrecen deja afuera a casi medio millón de jóvenes al año. En segundo, incluso aquellos que logran pasar los exámenes de admisión se enfrentan a obstáculos financieros para llegar al término de su carrera, pues las cuotas de inscripción en las universidades en quiebra ascienden a sumas de casi dos veces el salario mensual promedio en México, lo que significa recortes importantes en la calidad de vida de las familias de los estudiantes que quieran ingresar a la Universidad.

La justificación de AMLO de obligar a las universidades “a hacer más con menos” no es más que una defensa de último momento de su proyecto de Egresos, pues la realidad de la mayoría de los trabajadores administrativos, académicos y estudiantes de estas universidades está lejos de la opulencia.

Los profesores y administrativos de estas entidades públicas son uno de los pocos grupos en México que aún contaban con condiciones dignas de trabajo: contratos estables, salarios dignos, jornadas legales, vacaciones, organización en sindicatos, etc., condiciones a las que todo trabajador debería aspirar, por lo tanto, los repetidos intentos de los medios de comunicación y el gobierno de condenarlos es una estrategia mediática para precarizar aún más las condiciones en las que laboran los mexicanos.

La transparencia en el ejercicio de los recursos que reciben las universidades es necesaria y urgente, pero también lo es la organización activa de los estudiantes y trabajadores para participar en la asignación de los recursos. En lugar de recortar presupuesto, la solución deberá incluir un aumento que alcance para garantizar que esta educación sea realmente accesible para todos y la democratización de todos los procesos universitarios, desde la distribución de los recursos hasta la elaboración de los programas escolares.

Mientras el gobierno presiona más y más la educación universitaria con recortes, permite que las enormes riquezas amasadas a costa del trabajo de los mexicanos se queden intactas, pues en el 2018 la suma de los impuestos adeudados de nueve de las más grandes empresas mexicanas alcanza la cifra de 8 mil millones de pesos.