La política de austeridad es pro-empresarial y contra los trabajadores públicos

Alfredo Valles

El presupuesto federal se pone a modo de los opulentos con despidos ilegales, ¿a quién perjudica la política de “austeridad?



Vivimos una época nueva de ofensiva abierta contra los trabajadores. En esta ofensiva tienen un destacado papel los gobiernos estatales, los delegados federales en los estados, los directores de instituciones y el nuevo gobierno federal. El blanco del momento de esta ofensiva, plena en ataques diversos, son las trabajadoras y los trabajadores públicos, y nadie está a salvo. La política laboral tiene como eje fundamental el obtener máximo beneficio para los monopolios y las cámaras empresariales.

Para ello el gobierno socialdemócrata emplea toda su demagogia, su relación positiva con los diversos partidos de la burguesía, con gran número de sindicatos, con la prensa y con las manos diestras de bots y cómplices que calumnian de una y otra manera a los trabajadores al servicio del Estado, en especial a los que tienen una situación precarizada: contratos de confianza, eventuales, por honorarios, prestadores de servicio, etc. Utiliza a su favor el descrédito de las autoridades estatales.

En Baja California el delegado federal en el estado, Jaime Bonilla, inició una política de despidos masivos. Bajo la afirmación de que en las secretarías federales radicadas en BC abundan los aviadores, anunció el despido de 101 de 138 empleados de honorarios en la hoy Secretaría de Bienestar, violando sus derechos laborales y en particular su antigüedad. En la mira, los trabajadores en dichas categorías de IMSS e ISSSTE. Parte de los 2 mil despedidos del SAT ocurrieron en Ensenada.

El presupuesto federal se pone a modo de los opulentos con despidos ilegales. Y para financiar el negocio millonario que en realidad es el programa Jóvenes Construyendo Futuro, etcétera.

Cada vez más las leyes se ponen a tono de la desvalorización de los trabajadores ocupados, las acciones del Estado como patronal siguen el mismo camino de manera redoblada. Hace años el Gobierno del Estado impuso mediante el Congreso del Estado, donde legislaban diputados del PRI y del PAN, la nueva ley del servicio civil. Los efectos se notan al ser factor de paros masivos por parte de trabajadores públicos de decenas de dependencias y en todos los municipios.

Un primer caso es el paro de los empleados de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, a fines de 2018, contra la congelación de plazas, por mejores servicios médicos, prestaciones laborales y que hacía oposición a la política laboral precarizadora impuesta por el gobierno del Estado mediante el outsourcing. Un segundo caso es de las trabajadoras de la salud, que reclamaban pagos quincenales incumplidos y bonos de fin de año, 8 mil trabajadores resultaban afectados.

Existen 3 ejemplos recientes. El primero, el de jubilados y pensionados de la sección 2 del SNTE. El descontento fue tal que la dirigencia sindical se puso, a su manera, a la cabeza de varios paros en demanda del cumplimento de las obligaciones patronales respecto a pensiones y salarios atrasados. Los paros se sucedieron uno tras otro. La dirección antes a modo del PRI y ahora de Morena dejó solos a los trabajadores interinos con meses y años sin pago. Hay escuelas donde el 80% son trabajadores interinos.

El segundo ejemplo, los trabajadores del Poder Judicial del Estado. Se fueron a paro el 31 de diciembre, de nuevo el 2 de enero y una nueva jornada de protestas el 6 y 7 del mismo mes. Les adeudan 20 días de aguinaldo tanto a jubilados como a trabajadores en activo, 3 catorcenas de su salario y la caja de ahorro. Señalan que entre los trabajadores afectados hay quienes tienen 25 años de servicio. Exigen respeto a la antigüedad, actualización de sueldos y condiciones dignas de trabajo.

El último caso es el de los trabajadores de 25 planteles de CECYTE en BC. De 2 mil 300 trabajadores apenas 700 están sindicalizados. No les han pagado la primera nómina de 2019. Al igual que con los trabajadores públicos de Tecate o de la educación organizados en SNTE, SETE y SIETE, el Estado no ha pagado las cuotas al ISSSTECALI que ellos ya cubrieron. Carecen de plenos derechos sindicales, no se les reconoce antigüedad, no se crean plazas y está en riesgo su segundo aguinaldo.

La ofensiva es completa. En todo el país ocurren episodios del tipo. El Gobierno Federal y sus compinches en los estados no respetan la Ley Federal del Trabajo, ni se respetan los derechos de quienes ya ganaron su salario con su trabajo: aguinaldos que no se pagan y negativa a crear plazas magisteriales en Michoacán, renuncias firmadas a la fuerza en SAT, liquidación al 40% para los trabajadores del DIF en Ciudad de México, despidos por WhatsApp en el Seguro Popular, etc.

En Baja California “la izquierda” y la “derecha”, neoliberales y socialdemócratas, afirman que todo el problema es la corrupción del gobernador, su glotonería personal de riqueza o bien el desvío millonario de recursos federales. En Baja California y México hacen creer que estas medidas son para bien de “la nación”, para eliminar privilegios mientras ocultan que el gobierno federal y de los estados deja intacta toda la red político-empresarial que permite el enriquecimiento de unos cuantos.

En BC el delegado federal está rodeado de priistas y panistas con historias de lucro y fraude.

La austeridad no es para disponer de amplios recursos en beneficio de la clase obrera, los trabajadores y los sectores populares. Las medidas asistencialistas no se comparan con otros gastos contemplados. La afirmación de que todo es culpa de tal o cual gobernador es simple y oculta lo fundamental. La austeridad es para disponer de mayores recursos para favorecer la inversión privada, los negocios de los monopolios y su sed de ganancias, así como los compromisos con los empresarios.

En BC la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico fue impulsada por el actual gobierno y aprobada por el Congreso, con el fin de promover la inversión privada. La Ley autoriza estímulos fiscales y no fiscales a las grandes empresas. En el primer caso, exención de pagos por recursos públicos o impuestos. En el segundo caso, el apoyo a la gestión empresarial o el pleno acceso a recursos administrados a discreción por el Estado burgués para infraestructura pública.

Estos recursos no paran, fluyen cual caudal a costillas de los trabajadores en general.

La ofensiva contra los trabajadores públicos, además de estar en sintonía con la política de austeridad del nuevo gobierno socialdemócrata de AMLO, es para echar hacia adelante el proyecto de las Asociaciones Público-Privadas, que es barril sin fondo y ahora será retomada por el nuevo gobierno federal. Mediante esta figura, el Gobierno del Estado pagará grandes proyectos a empresarios y monopolios con recursos derivados de la riqueza producida por todos los trabajadores y clase obrera.

Ejemplos de ello son: la desalinizadora más grande de América Latina, a situarse en Rosarito y a la que se vinculan personeros de Morena como Jaime Bonilla, con monto de inversión de 10 mil 524 millones de pesos; una segunda planta desalinizadora en San Quintín para el monopolio agroindustrial y ESSA (575 millones de pesos); el nuevo edificio de la PGJE (154.3 millones); el nuevo sistema pluvial en Mexicali (254.7 millones); el periférico de doble piso en Tijuana, Aeropuerto-Playas de Tijuana, etc.

Y este es el inicio, el próximo Gobierno del Estado, que probablemente no sea partidariamente ni priísta ni panista, pero sí otro de Unidad Nacional bajo el liderazgo de Morena y la figura del maoísta y salinista Jaime Martínez Veloz, agravará aún más las cosas. Bajo el consenso y la fuerza proseguirá la campaña nacional de austeridad y “ajuste estructural”. Y ya no serán sólo los incumplimientos de salarios y prestaciones, sino el despido masivo gracias al terreno laboral preparado por PAN y PRI.

Saludamos la lucha de los trabajadores públicos. En otros estados, los paros decididos de empleados de confianza o prestadores de servicios para el Estado han logrado detener medidas arbitrarias de despidos y nula liquidación. Mientras los paros sean más organizados, resueltos, masivos y con la participación coordinada de diversos trabajadores al servicio del Estado en BC los resultados pueden ser más positivos y aleccionadores para el conjunto de los trabajadores. El PCM los respalda.