Los procesos electorales y el fetichismo de la legalidad

Marco Vinicio Dávila , miembro del Buró Político del PCM

300En una crisis generalizada como la que estamos viviendo en estos tiempos en el país, muchos paradigmas se rompen por el propio peso de la crisis. Uno de esos paradigmas es el de la legalidad burguesa.



A raíz de la última serie de reformas aprobadas en las cámaras de diputados y de senadores a través de ese mecanismo extraparlamentario llamado Pacto por México quedó desnudada la naturaleza de clase del Congreso de la Unión, ya que todas las modificaciones a la Constitución fueron para favorecer los intereses de los monopolios nacionales y extranjeros, en perjuicio de las masas trabajadoras, incluso de aquellos sectores que otrora fueron considerados como “privilegiados”.

Para ello, los principales partidos electorales a través de sus dirigencias nacionales, que no hacen parte del congreso, concretaron las reformas y orientaron a sus bancadas cómo defenderlas. Los partidos electorales que se opusieron a las reformas quedaron también evidenciados como una oposición orgánica y funcional, ya que no llamaron a sus bases a movilizarse por carriles no institucionales, también extraparlamentarios, y lo más que hicieron, y se conformaron con el resultado, fue juntar firmas para solicitarle al Congreso “consultas ciudadanas” que de antemano sabían destinadas al fracaso. Es decir la oposición funcional desmovilizó el rechazo popular a las reformas al sujetarlo a los límites de la legalidad.

Si en otros tiempos los trabajadores con todo y las dirigencias charras o neocharras, podían recurrir a la ley para defenderse de las injusticias de la patronal, o para exigir el cumplimiento de algún derecho laboral o social e incluso podían recurrir a la huelga para lograrlo, hoy han quedado a merced de la patronal a través de leyes aprobadas a modo de sus intereses. De esta manera se hace evidente para los trabajadores que la legalidad ya no le sirve para defender sus derechos.

No queremos decir con esto que antes de las últimas reformas o incluso desde que se iniciaron las reformas constitucionales a finales de los 80’s del siglo pasado, la democracia mexicana no haya sido la dictadura de una clase sobre las demás, pero las propias leyes camuflaban ésta y hacían aparecer al Estado como un ente que estaba por encima de las clases sociales y que por lo tanto podía ser un arbitro imparcial en los conflictos entre éstas. Es decir, se apelaba a la Constitución y a las leyes y se esperaba su aplicación justa por parte de quienes eran encargados de administrarlas; de esta manera se fue construyendo el fetichismo de la legalidad: la Ley es ciega, pero es la Ley, podía afirmarse.

Hoy, sin embargo, el recrudecimiento de la dictadura de clase de la burguesía, la dictadura de los monopolios con fachada democrática va poniendo en evidencia cada día de manera más clara a quién favorecen las leyes, las reformas y en general la Constitución Política que los gobernantes juran cumplir y hacer cumplir, y de verdad que se esfuerzan por hacer cumplirla. Con esto también se va clarificando al servicio de quién están aquellos que a través de las elecciones llegan a convertirse en “representantes populares” no nada más para ocupar curules en el Congreso de la Unión, sino en todos los puestos de “elección popular”, sean de carácter ejecutivo o legislativo. Ya de por sí es argumento suficiente para deslegitimar las elecciones el hecho de que no haya revocación de mandato, para quitar a aquellos gobernantes que no cumplen su papel de representación popular y para aquellos que al amparo del poder se corrompen y enriquecen ilícitamente; pero sin duda alguna que es más ilegitimo el hecho de que todos los gobernantes o “representantes populares” lleguen a través de procesos electorales con un elevado nivel de abstencionismo.

Y he ahí donde está el talón de Aquiles de la “democracia de los monopolios” sin sustento legitimo no puede haber sustento legal que justifique una de las democracias más caras del mundo. De ahí que a mayor abstencionismo menos legitimidad. De ahí también que los intelectuales orgánicos lloren como plañideras que si no hay participación ciudadana en las elecciones sobrevendrán en caos y la oscuridad; el sistema electoral necesita de votos, se nutre de ellos para mantenerse fuerte, para tener legitimidad en todas las decisiones y acciones del gobierno, incluyendo las represivas, para aplicar “todo el peso de la ley” contra los que protesten y se rebelen contra estas medidas.

Por lo tanto que el día de hoy se planteé el boicot a las elecciones como una forma de lucha para que los trabajadores y el pueblo en general puedan disputarle el poder a la burguesía es una táctica correcta en tanto los monopolios pierden así la máscara democrática de su dictadura.

El boicot a las elecciones por si solo no garantiza ni la caída de la burguesía, ni la toma del poder por los trabajadores, pero en este momento de crisis gubernamental, donde las estructuras del poder político se han cuarteado y cuando el Estado cierra filas y se prepara para asestar los golpes más duros a los trabajadores, como son la aplicación de la reforma laboral, de la reforma energética y de la reforma educativa, llamar a no votar para desfondar de legitimidad las acciones represivas del Estado es una forma de lucha válida.

El boicot electoral no sólo es no participar de ninguna manera en el proceso electoral, también es tratar de evitar la realización de las elecciones por todos los medios al alcance de las masas trabajadoras, dependiendo de su grado de organización y esta acción lleva consigo también la denuncia del mito del voto útil, el voto de castigo, el voto nulo y las candidaturas ciudadanas. Todos estos mecanismos avalan, convalidan y legitiman las elecciones.