Busquemos en las zonas militares

Julio Cota, miembro del Buró Político del PCM

200La desaparición forzada como instrumento de la represión política, busca entre otras cuestiones, generar un trauma en la población, una huella psicológica de dolor permanente que aniquile la voluntad de lucha de la personas mediante el terror. Este patrón fue claramente aplicado el pasado 26 de septiembre en Iguala hacia un sector politizado y movilizado como lo son los normalistas de Ayotzinapa, lo que a todas luces consumó un acto de terrorismo de Estado.



A tres meses de este hecho de barbarie, el Estado burgués mexicano se siente presionado por un lado; por las inconsistencias de sus “investigaciones” y las declaraciones del titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam y el gabinete de seguridad, y por el otro; ante la investigación periodística nacional e internacional y la presión social del pueblo movilizado en México y el mundo por el caso Ayotzinapa.

Aunque para los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad mexicana fue descabellada la acción de protesta que realizaron los padres y familiares de los normalistas desaparecidos y organizaciones que integran el Movimiento Popular Guerrerense, entre ellas la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), el pasado 26 de diciembre a las afueras de la zona militar de Iguala, la hipótesis del posible paradero de los normalistas en cárceles clandestinas de las zonas militares, o cuando menos la participación directa del Ejército en los hechos de Iguala, cobra fuerza.

¿Qué grupo criminal tiene la capacidad logística para mantener secuestrados a más de 40 personas? ¿A qué grupo criminal le interesaría escarmentar a futuros profesores rurales, agentes de cambio y dirigentes sociales? ¿Qué grupo criminal ha mantenido el modus operandi de la desaparición forzada como forma de represión política en las últimas décadas? ¿Es menor el costo político para el régimen de Peña Nieto mantener desaparecidos a los normalistas que entregarlos vivos? Estas son algunas de las preguntas que los familiares de los normalistas desaparecidos y el pueblo de México debemos hacernos.

De acuerdo con el testimonio de Omar García, estudiante normalista y sobreviviente al ataque del 26 de septiembre en Iguala, “llegó el Ejército acusándonos de allanamiento, dándonos culatazos y al compañero herido también lo sometieron”. Además agregó que esa noche los soldados declararon: “ustedes se lo buscaron, eso les pasa por andar haciendo lo que hacen”, además “les advirtieron que les dieran sus nombres reales o nunca los iban a encontrar” Estas declaraciones coinciden con las de los policías municipales implicados y los testimonies de otros normalistas sobrevivientes. No fue una posible omisión del Ejército en los hechos del 26 de septiembre, sino su colusión, coordinación y monitoreo hacia los normalistas en un operativo conjunto con la Policía Federal y el grupo paramilitar de Guerreros Unidos.

Y es que en la actual época del imperialismo, los ejércitos de los estados nación son instrumentos de seguridad de las propiedades y del orden de la desigualdad que imponen los monopolios. Es decir, los “ejércitos nacionales” no tienen ya ningún territorio que defender, puesto que las diversas reformas políticas y económicas a favor del capital han entregado los recursos naturales y energéticos a los monopolios nacionales y extranjeros. Este es al caso de México en donde más de la mitad de nuestro territorio está concesionado a las mineras canadienses para la explotación y la extracción de recursos.

Pero tampoco las labores del Ejército son las de la policía, puesto que en los últimos años se ha evidenciado el aumento a la violación de los Derechos Humanos de la población mexicana en labores de seguridad interna. Además de que los cuerpos castrenses y policiales están más preocupados en proteger la propiedad privada de los monopolios e instituciones del Estado burgués que en la seguridad de las personas.

Como sabemos la lucha de clases atraviesa cualquier institución del Estado burgués y el Ejército no es la excepción. Mientras los grandes mandos se ven inmiscuidos en pactos y colaboraciones con los grupos del narcotráfico, los soldados subalternos de origen campesino son carne de cañón en la primera línea de fuego contra grupos criminales en una guerra absurda. Además estos subalternos son utilizados para reprimir a su mismo pueblo como han sido los casos de la militarización en el estado de Guerrero y otras partes del país.

La proliferación de ejércitos privados, seguridad privada, policías privadas, guardias blancas y rurales, son el reflejo de la descomposición del Estado burgués, debido a que su ejército oficial pierde legitimidad ante los constantes vínculos con el crimen organizado. Esto ha generado una contradicción entre las capas de la burguesía terrateniente que se sienten desprotegidas y que han llevado a cabo una guerra por el mando y la dirección de las llamadas autodefensas en Michoacán.

A pesar del adoctrinamiento en contrainsurgencia a los grupos de élite del Ejército, las contradicciones dentro de este organismo castrense poco a poco comienzan a surgir. Mandos medios y subalternos padecen y reflejan una contradictoria política implantada por el colombiano Óscar Naranjo, a quien Peña Nieto nombró asesor de seguridad a pesar de sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Si la guerra es la continuación de la política por otros medios y si la política del Ejército Mexicano es defender las instituciones, el Estado y la seguridad interna, también esta institución castrense estará en crisis.

En ese sentido, los padres y familiares de los normalistas desaparecidos no han reducido su exigencia de prestación con vida de los normalistas sólo al campo de los Derechos Humanos, puesto que es ante todo una exigencia política. De acuerdo a investigaciones periodísticas todo apunta a que es necesario buscar a los desaparecidos en las zonas militares.

Desde la llamada Guerra Sucia en México ha sido documentado y denunciado por familiares de desaparecidos que las zonas militares fueron y siguen siendo lugar para los detenidos por cuestiones políticas. Por tal motivo, se hace más que necesario buscar a los normalistas desaparecidos en cada una de las zonas militares. La exigencia de los familiares de los desaparecidos de investigar a la Policía Federal y al Ejército es correcta. Sin embargo, es necesario elaborar un Programa Nacional de Lucha que incluya las demandas más sentidas de nuestro pueblo para darle rumbo al Movimiento Popular y fortalecer de esta manera, el nuevo poder que se construye en Guerrero mediante los Consejos Municipales Populares, alternativa y único camino para garantizar el juicio a los culpables y evitar más desapariciones forzadas.